La ley de conflicto de intereses se encuentra camino a ser letra muerta debido a que no cuenta con reglamentación, justo en un momento en que deben asumir las nuevas autoridades y presentar sus declaraciones juradas.
Es la Contraloría General de la República (CGR) la encargada de reglamentar la normativa, promulgada ya en abril pasado.
Mientras tanto, el cartismo, encabezado por el presidente electo Santiago Peña, nombra sin enfado ministros que provienen de empresas vinculadas a su sector económico, convirtiéndose en puertas giratorias, claramente prohibidas por la legislación, como es el caso de Carlos Fernández Valdovinos, como ministro de Hacienda, y Claudia Centurión, en Obras Públicas.
Esta reglamentación debe incluir la provisión de un formulario para la declaración jurada de intereses, para conocer cuáles son los sectores económicos y laborales a los que está vinculado el funcionario, y que debe ser público, pero hasta este momento no está a disposición.
Para la diputada y senadora electa del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, la norma ya contempla limitaciones a la conducta de los funcionarios.
“La ley de conflicto de intereses está vigente, si bien es una normativa relativamente nueva, la propia Constitución Nacional establece que la falta de ley reglamentaria en ningún caso puede invocarse para negar o menoscabar la vigencia de una legislación. En ese sentido, esta ley ya contiene un marco que debe regir la conducta dentro de la función pública”, expresó Kattya.
La legisladora lamenta que ese marco no se respete y sea tomado con total liviandad. En ese sentido, indicó que lo que falta es aplicar las sanciones.
“Para aplicar las sanciones se requiere reglar el procedimiento y eso está a cargo de la Contraloría General de la República, que además, debe crear el formulario de declaración jurada de intereses, que tampoco llenó aún ningún funcionario público”, expuso.
Esta declaración de intereses deberá ser obligatoria y tendrá que estar adjunta a la declaración de bienes y rentas.
“Es lo que falta, de manera tal a que cada funcionario público, en especial, los de alto rango puedan determinar cuáles son sus ámbitos de interés o dónde están vinculados laboralmente, tanto fuera como dentro, porque las puertas giratorias legisladas en nuestra ley es de entrada y de salida”, manifestó.
La normativa afecta no solo a los nombramientos, sino también a los proyectos de leyes. Recientemente, fue tratado en Diputados el proyecto de ley sobre transparentar la estructura de precios de los combustibles. Varios diputados, siendo dueños de emblemas privados, decidieron quedarse en sala e incluso votar. La única que se retiró invocando la ley fue la colorada, Jazmín Narváez, quien tiene un familiar propietario de una estación de servicios.
En la ley, en el artículo 21, se incluye a senadores y diputados.
Kattya González indicó que todo queda en manos del contralor. La senadora electa sostuvo que Camilo Benítez demostró siempre ser una persona de confianza.
“La Contraloría es un órgano extrapoder, entonces, no debería guiarse por ningún tipo de directiva partidaria ni de gobierno porque es un órgano independiente”, expresó.
