La Corte Suprema de Justicia dio un paso significativo hacia la modernización institucional con la aprobación de la Política Operacional que establece directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial. La medida, formalizada mediante la Resolución Nº 12.677, no solo habilita el uso de estas tecnologías, sino que fija un marco claro: la innovación debe estar al servicio de la justicia y no al revés.
La decisión se inscribe en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, que apunta a optimizar el servicio judicial mediante herramientas digitales. En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como un instrumento clave para mejorar la eficiencia, agilizar procesos y facilitar el acceso a la justicia. Sin embargo, el propio texto de la resolución advierte que su implementación debe ser “ética, responsable, adecuada y transparente”, siempre en consonancia con la Constitución y el marco legal vigente.
Lejos de promover una automatización ciega, la normativa coloca en el centro al factor humano. Uno de sus principios rectores establece que los sistemas de IA no pueden reemplazar a magistrados ni funcionarios, sino que deben actuar como herramientas de apoyo. En otras palabras, la tecnología puede asistir, pero nunca decidir. Esta distinción no es menor: implica reconocer que la justicia, en su esencia, sigue siendo una tarea humana, donde el juicio crítico, la valoración de pruebas y la ponderación de derechos no pueden delegarse a algoritmos.
En esa línea, la política autoriza el uso de inteligencia artificial para tareas como la investigación jurídica, la organización de información, la elaboración de borradores o la síntesis de grandes volúmenes de datos. Pero, al mismo tiempo, establece prohibiciones tajantes: no se podrá utilizar IA para determinar culpabilidad, fijar penas o resolver conflictos sin intervención humana. La decisión judicial continúa siendo, en todos los casos, una responsabilidad indelegable.
Otro eje central de la normativa es la transparencia. La Corte exige que el uso de estas herramientas sea informado a las partes y debidamente documentado, especialmente cuando incida en decisiones judiciales. Este requisito no solo fortalece la confianza en el sistema, sino que también garantiza el derecho de los ciudadanos a comprender cómo se construyen las decisiones que los afectan.
Asimismo, la política pone especial énfasis en la protección de datos personales y la seguridad de la información. En un entorno donde los sistemas de IA procesan grandes volúmenes de datos sensibles, el resguardo de la privacidad se convierte en una condición indispensable para su legitimidad. La norma establece que deben implementarse medidas técnicas y organizativas que eviten accesos no autorizados, filtraciones o usos indebidos de la información.
Pero quizás el aspecto más relevante de esta iniciativa radica en su enfoque de fondo: la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad del servicio de justicia. En un sistema frecuentemente cuestionado por su lentitud o complejidad, la inteligencia artificial puede contribuir a hacerlo más ágil, accesible y eficiente. Sin embargo, ese potencial solo se concretará si su uso está guiado por principios claros y por un compromiso firme con los derechos fundamentales.
La Corte Suprema parece haber entendido este desafío. Al establecer reglas, límites y responsabilidades, busca evitar los riesgos asociados al uso indiscriminado de la IA, como los sesgos algorítmicos, la opacidad de los sistemas o la dependencia excesiva de la tecnología. En cambio, propone un modelo en el que la innovación se integra de manera prudente, controlada y orientada al interés público.
En definitiva, la aprobación de esta política marca el inicio de una nueva etapa para el Poder Judicial. Una etapa en la que la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada estratégica, siempre que permanezca subordinada a los valores esenciales de la justicia. Porque, en última instancia, el verdadero avance no radica en incorporar tecnología, sino en hacerlo sin perder de vista que el objetivo final es garantizar una justicia más humana, más transparente y más eficiente.
