Frente a la propuesta del Gobierno de aplicar una urgente economía de guerra, se hace evidente que el plan de ajuste de cinturones debería comenzar precisamente por las instituciones del Estado. Recientes publicaciones periodísticas han exhibido la impudicia de la clase política, que disfruta de privilegios, mientras –como dijera el obispo del Chaco– “el pueblo ya vive en economía de guerra”. Es hora de acabar con el despilfarro de los recursos públicos y, por ética, autoridades y funcionarios deberían dar el ejemplo de moderación y compromiso.
Pocos días después del anuncio realizado por el ministro de Economía respecto al plan de economía de guerra, diversas publicaciones periodísticas revelaron un millonario festín de bonificaciones que alcanza a los tres poderes del Estado. En esa misma línea, un senador se vio obligado a renunciar a la compra de una vivienda de un programa social. Estos hechos enmarcan una realidad que la ciudadanía conoce y repudia: los privilegios que se autoasigna nuestra clase política, privilegios que se financian con recursos públicos.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, la “economía de guerra” que aplicará el Gobierno consiste en administrar con criterio los recursos públicos, pues si no hay recursos, “los pocos que tenés, los tenés que gastar de manera muy inteligente”. Anunció que se priorizarán siete ítems fundamentales: salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéuticas, subsidio al transporte y los programas como Hambre Cero, Adultos Mayores y el servicio de la deuda pública. El ministro pidió “ajustarse los cinturones” en el gasto público, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.
Sobre el tema, reflexionó en su homilía el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, afirmando que el Paraguay atraviesa una crisis estructural que golpea a los sectores más vulnerables, mientras las autoridades mantienen privilegios y toman decisiones alejadas de la realidad del pueblo. “Si nos obligan a vivir una economía de guerra, yo diría que hace tiempo ya lo estamos viviendo”. El obispo reclamó a las autoridades austeridad y compromiso real. “Qué lindo sería que dejen sus viáticos, almuerzos de lujo, bonificaciones… parecen príncipes, mientras el pueblo vive como vasallo”.
Más que nunca en el país necesitamos coherencia y compromiso de parte de la clase política que gobierna. Es inaceptable la impunidad de autoridades, como el senador Javier Chaqueñito Vera, quien había accedido a una vivienda dentro de un programa social del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, mientras que para miles de compatriotas el acceso a una vivienda es un sueño imposible.
Otro escándalo envolvió recientemente al titular del Congreso Nacional. Después de las publicaciones, Basilio Bachi Núñez debió renunciar a las bonificaciones de representación, que permitían que su salario ascendiera a más de G. 63 millones y anunció que presentará un proyecto para eliminar estas asignaciones en todos los poderes del Estado.
Publicaciones de Última Hora señalan que dicho festín alcanza a los tres poderes del Estado. Bachi Núñez lideraba el cobro con G. 21.100.950, y según un informe de Presidencia de República, la mayoría de las autoridades en los distintos poderes cobran este beneficio. En la nómina aparecen también el fiscal general del Estado y los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Lamentablemente se ha normalizado que, una vez desvelados y denunciados los privilegios, nuestras autoridades acostumbren a renunciar pomposamente a ellos, con una actitud casi ofendida y hasta esperando elogios por su decisión.
Creemos, sin embargo, que es hora de revisar y eliminar todos los privilegios de autoridades y funcionarios. Porque, si se aplica una economía de guerra, se debería comenzar por las bonificaciones, los segundos y terceros aguinaldos, los seguros médicos privados y los bocaditos. Un ajuste de cinturones debe empezar por quienes trabajan para el pueblo, que los sostiene sacrificadamente con sus impuestos.
