En el octavo aniversario de la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, un grupo de manifestantes pretendió representar una obra teatral en conmemoración frente al Palacio de Justicia.
Los manifestantes pretendían dejar en el Museo de la Justicia dos libros sobre el tema, además de fotografías que mostraban la forma en que murió el joven. Sin embargo, el comisario Mario Ovelar, encargado de la seguridad del Palacio de Justicia, les informó que una acordada supuestamente prohibía actos o manifestaciones dentro del predio del Palacio de Justicia. Como los manifestantes se encontraban en la explanada surgieron las protestas, hubo discusiones y represión policial.
Esto podría haber quedado como un incidente más, si no fuera porque el comisario Ovelar denunció a un grupo de manifestantes por perturbar la paz pública y resistencia, un argumento que remite dolorosamente a la larga y cruenta dictadura que vivimos por 35 años. La Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fiscalía va a investigar los supuestos hechos en una investigación que incluye a dirigentes, senadores y diputados de la oposición.
Al mismo tiempo, en el Parlamento se están pergeñando modificaciones al Código Electoral que de ser aprobadas van a perjudicar la participación electoral de partidos de la oposición.
Con una iniciativa de la bancada del movimiento cartista en el Congreso, se está tratando el proyecto de ley que busca modificar el Código Electoral con el objeto de prohibir a los partidos de oposición utilizar el padrón nacional a través de una concertación nacional, en unas próximas elecciones. El proyecto fue presentado por el diputado José Rodríguez y cuenta con la conformidad del titular del Partido Colorado, el ex presidente Horacio Cartes.
Parlamentarios de la oposición ya habían advertido sobre las intenciones antidemocráticas, cuando a fines del año pasado fue derogada la Ley de Inscripción Automática, que permitiría a 580.000 paraguayos ingresar al padrón nacional, muchos de ellos viviendo en el extranjero.
Este proyecto debe ser rechazado, ya que el padrón nacional es un instrumento público y debería ser utilizado sin ningún problema. Elevar los obstáculos que permiten la participación de la oposición en elecciones para bloquear toda posibilidad de alternancia al Partido Colorado es absolutamente antidemocrático.
De la misma manera, limitar y criminalizar el derecho ciudadano a la protesta es un hecho con profundo sesgo autoritario, ya que una democracia, fuerte y saludable debe poder soportar protestas pacíficas de los ciudadanos cuando estos objetan la gestión de su gobierno. Este es un derecho que está reconocido en el artículo 32 de la Constitución Nacional, “De la libertad de reunión y de manifestación”, la Constitución Nacional garantiza que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos”.
Después de la larga dictadura vivida, el Paraguay se merece seguir viviendo en democracia, pero para que esto sea posible se deberá poder garantizar el derecho a la participación de todos los partidos en elecciones libres, y asegurar asimismo que los ciudadanos –si así lo desean– puedan manifestarse libremente contra su gobierno. De no ser así, viviremos en una democracia de fachada, un camino seguro a un régimen autoritario.
