La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó en una nota que examinó la petición de investigar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y del debido proceso cometidos durante el desalojo y el juicio en el que resultaron condenados 11 campesinos en el 2016.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de poner a su conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinó la petición de referencia y aprobó el informe sobre admisibilidad que se acompaña a la presente, de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expresa la nota firmada por el abogado español Aitor Martínez Jiménez.
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La CIDH fijó un plazo de cuatro meses, prorrogable si fuese necesario, hasta un máximo de seis meses, para presentar las observaciones adicionales sobre el fondo. El último plazo mencionado no podrá ser extendido.
La Comisión se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una “solución amistosa” del asunto conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la CIDH”, señala parte del documento.
Aitor Martínez Jiménez solicitó la respuesta al ofrecimiento con la mayor brevedad posible.
El caso Curuguaty
El 11 de julio del 2016, un total de 11 campesinos y campesinas fueron condenados a penas de 35 a 4 años de cárcel por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en las tierras de Marina Cué, en una propiedad denominada Campos Morombí, en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, en un intento de desalojo.
La principal irregularidad denunciada por partes de los labriegos ante la CIDH fue que, además de los seis policías, también murieron 11 campesinos, al menos siete de ellos con señales de haber sido ejecutados.
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Sin embargo, las muertes no fueron investigadas a raíz de que el Ministerio Público sostiene que los uniformados fueron emboscados y que los fallecimientos de los labriegos se produjo tras una reacción policial en defensa propia, según menciona la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Finalmente, el 26 de julio del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena a los 11 campesinos y campesinas sentenciados.
En aquella ocasión, el camarista Emiliano Rolón, explicó que la falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal fueron los argumentos para anular la condena a los 11 campesinos.
