El presidente Santiago Peña designó como directora del Servicio de Saneamiento Ambiental (Senasa) a Sara López, quien ya estuvo al frente de la institución durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Su gestión al frente de un proyecto realizado con préstamos del BID y del Reino de España por USD 60 millones fue auditada por la Contraloría General de la República (CGR) que detectó varias falencias y pérdidas económicas.
El informe de la CGR que se dio a conocer el 30 de agosto menciona que Senasa adjudicó a la Constructora del Ing. Ricardo Díaz la construcción de 500 casetas de operación prefabricadas por G. 12.166.663.750. Se construyeron 254 y se repararon 246 casetas de materiales preexistentes. El informe destaca que todas las casetas debían ser nuevas, según el contrato, no así reparadas. Estas casetas se utilizan en las juntas de saneamiento, para el sistema de abastecimiento de agua potable.
Asimismo, otra observación que hace la CGR es que las casetas prefabricadas fueron modificadas sin contar con autorización del contratante.
La CGR observó la falta de implementación del software de Contabilidad y Capacitación para cuentas del sistema de agua Potable y alcantarillado de las Juntas de Saneamiento de Fran, Capitán Miranda e Yhú, por parte de la Empresa Barrail Hnos.
Además los programas informáticos adquiridos son comerciales y no fueron desarrollados conforme a lo planificado.
Cabe señalar que Barrail Hnos. fue adquirida por Engineering y fue una de las empresas mimadas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El informe también menciona que se observó el cumplimiento parcial de las metas y objetivos del proyecto por lo que el pago ascendió a G. 5.523.464.910. La ejecución del préstamo de USD 60 millones, se ejecutó solamente el 34 por ciento.
El plazo de finalización era agosto 2023 y se solicitó una prórroga hasta agosto del 2025, según el informe.
Asimismo, se vio la falta de planificación adecuada de los posibles beneficiarios del mismo programa.
Se verificó que las juntas de varios distritos no contaban con un predio para la instalación de los tanques. Esto provocó gastos innecesarios, pérdida de tiempo para el avance de las obras y un incremento del 12 a 18 por ciento del monto del contrato original, equivalente a un total de G. 544.479.651.
Senasa pagó al Coordinador del programa del Área de Desarrollo Comunitario G. 525.274.074 sin contar con un título reconocido, homologado y convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencias, ya que fue obtenido en el exterior.
Se trata de Amado Rivas, licenciado en Filosofía. En los términos de referencia del proyecto se indicó que el consultor debía ser egresado de las carreras Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas o afines. Se realizaron reparaciones de casetas posterior a la verificación de la Contraloría que detectó desperfectos en los mismos. Asimismo, se modificaron los modelos de casetas de operación.
Al igual que Sara López fueron confirmados Jorge Lenguaza, quien es director de Proyectos, Planificación y Políticas; y Rodrigo Irala, director de Administración y Finanzas.
