La condena de Hernán Rivas a ocho años de prisión por producción y uso de título falso sigue provocando una serie de reacciones y análisis de expertos sobre la invalidez de las decisiones que se tomaron mientras el ex legis- lador presidió e integró el órgano extrapoder.
Riera Domínguez hace referencia a nulidades de todos los actos jurídicos, y también de las decisiones administrativas que habría tomado Rivas desde convocatoria a sesiones, firma de resoluciones, oficios de comunicación, documentos de gestión, nombramientos de secretarios, de nombrar cargos de confianza y pliego de bases para licitaciones.
“Si bien la gente habla de caos, tal caos no existe, es simplemente un conjunto de nulidades que deja sin efecto un montón de actos, con eso se desincentiva un uso similar o próximos de Hernán Rivas a futuro, porque no hay forma de sostener en el tiempo actos viciados como este”, sostuvo el profesional en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.
Planteamiento. El abogado explicó que las nulidades se tratan en el fuero civil, donde no se contemplan las prescripciones. Al respecto mencionó que las partes afectadas pueden recurrir, por ejemplo jueces y fiscales sancionados, pero planteó otra opción que admite que se discute muy poco en el país.
“Qué posibilidad existe de que hagamos uso de una figura que se usa muy poco en Paraguay que es la del defensor del Pueblo, por aquello de que es el canalizador de los reclamos populares; es el que está pensado como una suerte de protector de intereses comunitarios, tiene atribuciones en su ley para investigar a funcionarios públicos y tiene atribuciones, inclusive para que se le obligue a la gente a suministrarle información”, se preguntó.
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De esta manera apuntó al titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila, quien busca mantenerse en el cargo como resultado del proceso de selección que lleva adelante el Congreso Nacional.
Sin duda, considera que el caso Rivas es solo una parte del caso y al igual que otros referentes del Derecho y de la arena política, cree que hay más personas detrás.
“Y creo que un poquitito de la responsabilidad política que se menciona no debe quedarse ahí, sino que debe ir acompañada con una responsabilidad jurídica que trascienda el caso Hernán Rivas”, opinó.
También habló sobre los silencios que se registraron de sectores que tienen autoridad para pronunciarse, como el caso del Colegio de Abogados del Paraguay, pero Riera además nombró a las universidades tanto públicas como privadas y dijo que estas deben ser cajas de resonancias civiles y que si algo se puede aprender del caso Rivas, es “hacer ruido a las posiciones que tiene el Gobierno”.
El abogado felicitó al equipo del Ministerio Público y en especial a la fiscala Patricia Sánchez por la claridad de su actuación durante el juicio oral, a pesar de las amenazas que sufrió durante el proceso. No tiene cuestionamientos hacia la defensora Alba Zaracho, a quien según dijo le tocó “una causa indefendible”.