La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un comunicado este domingo en el cual menciona que “ve con gran preocupación e inquietud”, los últimos acontecimientos de público conocimiento que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la justicia en beneficio de intereses particulares.
Refiere que la corrupción y el tráfico de influencias generan un clima de inseguridad jurídica y socavan la confianza de los ciudadanos y potenciales inversores internacionales, perjudicando a todos los sectores de la sociedad.
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Afirma que esto genera un ambiente de incertidumbre y pone en amenaza los logros que Paraguay obtuvo, especialmente en el ámbito económico, como lo fueron el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica a lo largo de los últimos años.
La Asoban exige que las instituciones competentes investiguen estos hechos y tomen medidas urgentes para combatir estos flagelos. Señala que el país debe contar con organismos que operen de forma transparente y que es fundamental que los tres poderes del Estado, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) trabajen de manera autónoma para garantizar el funcionamiento de los pilares fundamentales de toda democracia y asegurar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, sin sesgos ni privilegios.
También menciona que velará desde su lugar por un país democrático que garantice la igualdad de oportunidades para todos y donde el Estado de derecho sea una realidad.
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Por último, refiere que es el deber de todos los sectores exigir por un correcto funcionamiento de las instituciones para lograr construir un presente y futuro justo y próspero para todos los ciudadanos del país.
Desde los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), jueces y fiscales, las conversaciones extraídas del teléfono de Lalo Gomes muestran su influencia y fácil acceso a representantes de la justicia.
Carmen Silva, Enrique Berni, Orlando Arévalo, Lorenzo Lezcano, Sady López, Jorge Bogarín son algunos de los encontrados en relacionamiento de favores con el abatido diputado relacionado a las operaciones de lavado de activos en el Operativo Pavo Real II realizado en agosto de 2024, que terminó con su muerte y la detención de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes.
Con publicaciones de Telefuturo, Monumental y Última Hora se dio la suspensión de Carmen Silva, jueza que habría pedido instrucciones a Lalo Gomes para lograr que el presunto narcotraficante Waldemar Pereira tenga una salida procesal más ligera.
