La verificación de la situación de los internos fue realizada por la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que también constató que otros 39 internos ya compurgaron la pena mínima y ahora sus causas están en vías de lograr su liberación.
Durante la actividad se llevó a cabo el análisis de 704 causas, donde también se logró constatar que este penal alberga a 41 reclusos que contaban con órdenes de captura vigentes y otras 27 causas fueron derivadas para la verificación de legajos.
Sobre el problema de hacinamiento de las cárceles, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, habló de los trabajos que se vienen realizando desde la cartera de Estado, como la habilitación de nuevas penitenciarías de régimen cerrado especial y formación de agentes penitenciarios técnicos, con indicadores de clara señal, que se encamina a la transformación del futuro penitenciario.
“Hoy día, este Gobierno entendió que la problemática del sistema penitenciario requiere un trabajo integral, y hay una explícita voluntad de implementar una política de los actores de Justicia, que permita bajar los altos niveles de hacinamiento; así también, buscar oportunidad en el cumplimiento de los derechos humanos”, expresó Nicora.
Además, resaltó que para transformar el sistema penitenciario se requieren recursos y compromiso, ya que se enfrenta a una realidad que se fue consolidando durante décadas. Señaló que “las nuevas obras penitenciarias habilitadas, con módulos de régimen cerrado especial, destinados a separar a los internos de alta peligrosidad del resto de la población penitenciaria, dieron un giro central a uno de los principales factores que afectaban al sistema, la falta histórica de infraestructura adecuada”.
También, dijo que el trabajo articulado entre los actores de Justicia logró agilizar la gestión de causas judiciales, contrarrestando hoy, la débil coordinación interinstitucional en el pasado.
Condenas. Datos oficiales del Ministerio de Justicia dan cuenta de la mejora de indicadores judiciales, como la disminución del porcentaje de personas privadas de libertad sin condena, que pasó del 70,5% en 2020, al 63,5% en la actualidad, reduciendo la dependencia de la prisión preventiva.
