Se trata de la jueza del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, y de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Mignarro, que quedan fuera del cargo el tiempo que dure la investigación.
Los antecedentes de los hechos denunciados contra las juezas de Paz fueron remitidos por la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el resultado de la auditoría de gestión realizada a los juzgados en cuestión luego de las denuncias que sacaron a la luz pública hechos de extorsión con la ejecución de pagarés ya cancelados, conocidos como la mafia de los pagarés.
Durante la sesión del Jurado, los preopinantes alegaron que tanto González de Bristot como Cibils Mignarro han incurrido en graves actos en la tramitación de expedientes relacionados con el cobro de guaraníes mediante embargos de salarios a víctimas que incluso en muchos casos hasta desconocen el inicio de estos procesos irregulares, llevados adelante por ambas juezas.
El ministro Manuel Ramírez Candia fue el preopinante de la causa abierta a la jueza Liliana González de Bristot, quien llegó a firmar resoluciones en fechas inhábiles, dictó resoluciones judiciales sin número, sin fecha, inició juicios ejecutivos sin las mínimas exigencias.
“Estos hechos constituyen hechos graves, porque implican incumplimientos de normas procesales en la tramitación de juicios ejecutivos. Existe una gran cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de estos juicios irregulares. Hay más de 100 expedientes”, señaló el ministro Ramírez Candia.
Igualmente, el ministro César Garay argumentó el pedido de enjuiciamiento y suspensión de la jueza Carmen Analía Cibils, y dijo que la misma incurrió también en actos sumamente graves.
“Se observan incontables anomalías en detrimento y conculcación de los demandados, en algunos casos hasta desconocían las demandas en su contra”, alegó Garay.
La decisión del Jurado fue unánime y la Corte ya fue notificada sobre la resolución sancionada contra las juezas que salpica al sistema de Justicia y sus operadores en hechos de corrupción.
