Los camaristas Gustavo Amarilla, Arnulfo Arias y Paublino Escobar, en mayoría, rechazaron la impugnación que planteó la magistrada contra la inhibición del juez de delitos económicos, Rodrigo Estigarribia.
Con ello, rechazaron la impugnación que presentó la jueza Rosarito Montanía, en contra del apartamiento de su colega Rodrigo Estigarribia.
El magistrado de Delitos Económicos se apartó de la causa debido a que uno de los procesados, porque el 26 de agosto pasado, el imputado Miguel Ángel Báez Soria integró al defensor público Eduardo Velázquez para representarlo.
Afirma el juez que “con dicha persona me une una relación de amistad que se manifiesta en una gran familiaridad y frecuencia de trato, mantenida de forma ininterrumpida desde los años 90 hasta la actualidad”.
Sin embargo, esto fue impugnado por la magistrada Rosarito Montanía, quien sostuvo que era injustificada la negativa del juez Estigarribia para seguir en la causa.
Señala la jueza que se halla “desprovista totalmente de elementos probatorios que sustenten el extremo alegado por la parte que la invoca, es decir, en autos no se han acreditado, las circunstancias acerca de que su amistad y frecuencia de trato de 35 años pueda influir de tal manera que peligre su calidad de administrar recta justifica y que justifique su apartamiento”.
El camarista Gustavo Amarilla sostuvo que “el hecho de que el juez tenga el deber de demostrar la causal que motiva su apartamiento no significa que su palabra no tenga ningún valor probatorio y que en todos los casos deba sí o sí ofrecer pruebas que respalden sus alegaciones, pues de ser así, se podría llegar a absurdos, más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la palabra del Juez tiene un valor probatorio especial”.
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De esta manera, señala que “la exigencia del juez de adjuntar (o al menos ofrecer) con la inhibición elementos probatorios, debe quedar circunscrita a aquellos casos excepcionales, en los cuales, de acuerdo a una valoración según la sana crítica, surja que las palabras del juez por sí solas tengan muy poca fuerza probatoria y, por tanto, la debilidad de una afectación de su estado interno sea muy baja, haciendo esto surgir una sospecha fundada de intención de burlar la obligación de administrar justicia”.
Con ello, vota por rechazar la impugnación de la magistrada. A esto se adhirió el camarista Paublino Escobar.
Por su parte, Arnulfo Arias señala que “en principio, este magistrado ha sido designado por el sistema del cual deriva su condición de juez natural de la causa, principio esencial del proceso penal que debería ser imperturbable”. Vota por admitir la impugnación y hacer lugar al pedido de la jueza.
La causa
En el caso, la fiscala Yeimy Adle imputó al ex presidente del Senave, Pastor Emilio Soria Melo, y a los ex funcionarios Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, además de los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar.
También están procesados terceros ajenos a la institución, identificados como Roberto Cárdenas Ramírez; Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Los mismos fueron procesados por presuntos hechos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con diferentes modalidades de participación, como autoría, instigación y complicidad.
Dice la Fiscalía que estas personas presuntamente cobraron millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación – AFIDI.
