En la nota enviada a la Municipalidad de Asunción, con copia a la Junta Municipal, se menciona un relevamiento realizado por los vecinos que identificó más de 42 negocios gastronómicos en un área estrictamente residencial (AR3b), “clasificación que implica un régimen de usos de suelo específico, destinado primordialmente a la habitación y que restringe o condiciona las actividades comerciales de alto impacto”.
“Los vecinos pagamos elevados tributos al Municipio, precisamente por vivir en un barrio con esta categoría residencial”, dice parte de la nota remitida por ciudadanos que viven en Las Mercedes, domiciliados en la zona comprendida entre las calles España y Defensa Nacional, y desde Perú hasta General Santos.
Marcelina Vera, coordinadora de la agrupación Salvemos Las Mercedes, aseguró que los vecinos no están en contra del progreso de la zona, pero requieren que se cumplan las ordenanzas municipales y el plan regulador.
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La representante vecinal subrayó además que la mayoría de los locales, que operan en la zona, carecen de requisitos básicos como estacionamiento o aislación acústica.
“La polución sonora del caos vehicular ya hace invivible (la zona). Mucha gente está siendo expulsada del barrio”, aseguró en contacto con Última Hora.
En la última sesión de la Junta, la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) expuso que el problema en el barrio Las Mercedes reside en la falta de una supervisión real por parte de la Municipalidad.
“Con esta nota lo que están solicitando es que se suspendan esas habilitaciones, que se haga una buena fiscalización a los efectos de que se pueda corroborar quién no cumple los requisitos”, señaló.
Remarcó que el problema se encuentra en la corrupción que es sostenida supuestamente por los propios funcionarios municipales.
“Lo frustrante para ellos (es) que los fiscalizadores que se van no hacen su trabajo honestamente. Entonces, hay que hacer el trabajo honesto de fiscalización, hay que decir la verdad”, apuntó.
Durante la sesión, el concejal Álvaro Grau (PPQ) solicitó que el pedido de los vecinos no se limite solo al mapa de locales que ellos presentaron. Pidió además que durante las fiscalizaciones se dé importancia a la revisión de extintores y mayor seguridad en los locales.
“Que se controle todo, no solamente lo que piden los vecinos, porque si tiene licencia (el negocio), puede estar en falta con otra cuestión”, añadió.
A su vez, la concejala Jazmín Galeano (PPQ) propuso establecer un plazo de 15 días para que la Intendencia dé un retorno sobre la situación.
El pedido que fue aprobado por la Junta, encomienda a la Intendencia suspender el otorgamiento de nuevas licencias para negocios gastronómicos u otros rubros que afecten la zona residencial.
También, la clausura e inhabilitación de los comercios que se encuentren en transgresión a las normas o que no posean licencia.
Los representantes vecinales calificaron esta resolución como un “paso importante” en su lucha por preservar la tranquilidad del barrio.
José Antonio Galeano, otro referente vecinal, subrayó que ocurre una “violación flagrante de las disposiciones de la ordenanza del Plan Regulador, que definitivamente, por informaciones fiables que tenemos, se cambia de acuerdo al mejor postor y eso no es posible”.
“Edificios que no pueden tener más que cierta altura, duplican esa altura en muchos casos, y sin embargo, por la acción denodada de vecinas y vecinos se han impedido más atropellos en esa misma línea”, aseguró.
