“Haciendo un análisis de todos los cheques emitidos desde esas cuentas bancarias del 2020 en adelante, veo que hay un movimiento por G. 11.373 millones. ¿Qué significa esto? A simple vista vemos que acá el dinero proveniente del Fonacide se estuvo utilizando para cuestiones que no tienen nada que ver con el mejoramiento de la calidad educativa (...), algo que está totalmente prohibido por la Ley de la creación del Fonacide (4758/2012)”, explicó el concejal por medio de una minuta verbal presentada ayer en la sesión de la Junta.
Saldos. El 12 de marzo pasado, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, presentó a medias ante la Junta los documentos que exponen las dos cuentas bancarias en las que se hallan los saldos remanentes del dinero. Según el último documento de los ingresos consolidados del 2024, en estas cuentas debería haber G. 12.339.993.894.
Grau criticó aquella exposición y argumentó que para rastrear el uso del dinero se debe contar con “el extracto bancario desde la creación de esa cuenta hasta la fecha”. Según una investigación a la que accedió el edil, hasta el 2023 la Comuna debería haber recibido USD 23 millones por Fonacide y juegos de azar.
Entretanto, se registraron seis procesos licitatorios iniciados desde 2020 en adelante y que suman G. 2.660 millones, según Grau.
“G. 11.373 millones se movieron desde que Nenecho asumió como intendente. Pero (...) según el portal de Contrataciones (...), solamente hubo una ejecución en los procesos licitatorios y de adquisiciones de G. 2.660 millones. Hay una diferencia de G. 8.712 millones. No hay forma de explicar esto”.
El concejal comparó, por otro lado, el gasto del dinero del Fonacide de las distintas municipalidades, desde el 2018 en adelante. “La Municipalidad de Asunción –citó– ejecutó G. 3.362.000 millones. (...) Ciudad del Este ejecutó desde el 2018 hasta la fecha, G. 36.770 millones. (...) Encarnación ejecutó desde el 2018 hasta la fecha, G. 18.853 millones (...). Capiatá ejecutó, desde el 2018 hasta la fecha, G. 13.139 millones”.
Recurso. El edil Félix Ayala dijo que existe una acción de inconstitucionalidad planteada por el Municipio y una conversación abierta con directivos del MEF. “Ese 15% establecido en la Constitución (que la Comuna debe transferir de lo recaudado por Impuesto Inmobiliario) es sacarles otra vez plata a los asuncenos para que el Ministerio disponga dónde enviar esos recursos”, señaló.
