05 jun. 2025

Jueza ordena captura de Roberto Cárdenas para cumplir condena por corrupción

La jueza de ejecución María Lidia Wyder ordenó la captura del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas (ANR), para cumplir su pena de 8 años de cárcel por lesión de confianza. En el caso, el perjuicio patrimonial a la Comuna fue de G. 859 millones.

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El ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, fue condenado por un caso de corrupción.

Foto: Archivo ÚH.

El ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas fue condenado a ocho años de cárcel por la sobrefacturación de la construcción de aulas en 15 instituciones educativas que causó un perjuicio de G. 860 millones, en el año 2016.

Por este caso, la jueza de ejecución María Lidia Wyder ordenó este lunes su captura y que el ex jefe comunal sea remitido a un centro penitenciario para cumplir con su pena impuesta por el tribunal de sentencia, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Puede leer: Fiscalía solicita ocho años de cárcel para Roberto Cárdenas en cuarto juicio

El 23 de diciembre de 2021, Roberto Cárdenas fue condenado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

La Fiscalía probó que causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos al municipio provenientes de royalties de la Itaipú Binacional.

En noviembre del año pasado, la Sala Constitucional de la Corte ya había rechazado un recurso de aclaratoria presentado por Cárdenas contra un acuerdo y sentencia.

Nota relacionada: Fiscalía apela escasa pena impuesta al ex intendente Roberto Cárdenas

En el planteo, los abogados del ex intendente consideraron que hubo una “omisión y expresión oscura sobre la pretensión deducida por esta parte, ‘extinción de la acción’, garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso”.

El ministro Víctor Ríos consideró que la resolución atacada por Cárdenas “no padece de ningún error material, expresión oscura u omisión que pudiesen ameritar una aclaratoria”.

Indicó que lo que corresponde a la Sala Constitucional es la “corrección y verificación de la constitucionalidad o no de un acto normativo o jurisdiccional en concreto”, pero sin extralimitarse en su competencia.

Es por ello que pidió su rechazo y los demás miembros, César Diesel y Gustavo Santander, se adhirieron a su voto.

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