Ante la recusación presentada en su contra, el juez Osmar Legal elevó una contestación al respecto el último miércoles, argumentando que hay motivos para rechazar la acción planteada por el abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del político cartista Eulalio Lalo Gomes.
El magistrado fue recusado por graves irregularidades observadas en la tramitación de la causa y en los procedimientos ordenados.
Óscar Tuma cuestionó el uso de un idioma no oficial en el documento judicial que autorizó el allanamiento a la casa del diputado de la bancada del movimiento Honor Colorado, muerto de dos disparos a manos de policías, alegando que fue una inconsistencia.
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La misiva contempla la utilización de la palabra “rua” –que está escrita en portugués– para referirse a la “calle” Teniente Herrero N°100, sobre la cual se encuentra el domicilio del parlamentario que era objetivo de los procedimientos.
El magistrado argumentó que tuvo como base la Nota SIU remitida por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional, por lo que al contar con los elementos procedió a emitir la orden.
“La idea de que haya existencia del riesgo de que las autoridades involucradas no interpreten correctamente la legalidad y los límites del procedimiento no puede ser considerada, ya que, justamente, dichas órdenes o autorizaciones fueron expedidas para su ejecución bajo estricto control, dirección y responsabilidad de los intervinientes encargados de su ejecución, en este caso, de los agentes fiscales afectados para dicha diligencia”, argumentó el magistrado.
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Pidió al Tribunal de Apelaciones que por las consideraciones expuestas se rechace la recusación formulada por el abogado, que actuó específicamente en representación de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido en el operativo policial, que también fue imputado junto a su padre y otras tres personas más por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
La imputación había sido formulada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres casi en simultáneo al allanamiento, en el mismo día y minutos antes.
En el caso hay 22 policías sumariados, 12 de la FOPE y 10 de SIU. En este marco, también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dio un plazo de 20 días para que se presente una denuncia contra el juez y los fiscales intervinientes para iniciar en un enjuiciamiento contra los mismos. De no presentarse un acusador, el órgano extrapoder abrirá una causa de oficio.
