Tras recibir el expediente, el magistrado dejó sin efecto las medidas alternativas que tenían los procesados y dispuso la orden de captura de ambos, de modo que sean derivados a la Dirección General de Institutos Penales para que los lleven a las penitenciarías donde cumplirán sus penas.
Tanto Hugo Javier González Alegre, conocido como el N° 2, ex gobernador de Central, como Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, ex director de gabinete de la Gobernación, fueron condenados a 10 años de prisión por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Ambos condenados, Hugo Javier González y Miguel Robles, el pasado 10 de julio del 2025 habían sido favorecidos con las medidas alternativas a la prisión hasta tanto quedara firme el fallo que los condenó a las citadas penas.
Los dos fueron hallados culpables del millonario desvío de fondos de la Gobernación de Central, que ocasionó un perjuicio de G. 5.105.600.000 al Estado.
En juicio oral, el 4 de enero del 2025 el Tribunal de Sentencia Especializado, integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, los halló culpables de los mencionados hechos punibles.
Este fallo fue ratificado tanto en el Tribunal de Apelación Penal, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres.
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Asimismo, la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y la camarista Silvana Luraghi, confirmó la resolución, con lo que quedó firme el fallo.
Luego de los trámites administrativos, el caso llegó al Juzgado de Ejecución Penal, con lo que se dispuso la medida para que se inicie el cumplimiento de la pena.
En el caso, los demás procesados Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, ex secretaria; Luis Eduardo Allende Araújo, ex tesorero, y Modesta Valiente, ex secretaria, fueron sentenciados a 2 años de prisión cada uno, con la suspensión de la ejecución de la condena.
Según se probó en el juicio, con facturas falsas y clonadas, justificaron obras fantasmas, que dejaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones para la Gobernación de Central.
