Desde el pasado lunes hasta mañana miércoles fueron convocados varios ex directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para declarar ante el fiscal Julio Ortiz. Hoy se presentaron Marcelo Rubén Bordón Leiva, ex director de Unidad Operativa de Contrataciones, y Hugo Enrique Aranda, ex gerente de Logística у Abastecimiento, pero ambos se abstuvieron de declarar.
La investigación penal se centra en un llamado a licitación de 2019, que fue adjudicado en el 2020 a la empresa Neighpart Saeca, con la que el IPS firmó un contrato por un monto de G. 53.000 millones para la provisión de equipos destinados a la instalación de quirófanos modulares, que debían instalarse en el séptimo piso del Hospital Central.
Sin embargo, la estructura del edificio no iba a soportar el peso de los equipos, por lo que no se pudieron montar los quirófanos en el lugar. Se buscó otro sector, pero tampoco se pudo avanzar con la obra por falta de planificación. Hasta la fecha, la firma oferente no entregó ningún equipo para las salas de operaciones.
Más abstenciones
Ayer se presentaron ante la Fiscalía Jaime Joel Caballero Díaz, ex gerente de Abastecimiento y Logística, quien también se abstuvo de declarar, mientras que Verónica Alexandra Blanco, ex directora de Mantenimiento, pidió la suspensión de la diligencia a través de su abogada, Sara Parquet.
En la misma causa, la semana pasada compareció el ex presidente Jorge Brítez, quien también decidió no hablar ante la Fiscalía.
Todavía quedan otros dos ex directivos citados para comparecer ante el fiscal Ortiz mañana miércoles. Ellos son Juan Manuel Villar López, ex director de Unidad Operativa de Contrataciones, quien debe presentarse a las 08:00, y José Raúl Coronel Acosta, ex director de Mantenimiento, quien era el “administrador del contrato” y está citado para las 10:00.
¿Qué irregularidades se investigan?
La Fiscalía lleva adelante la investigación sobre los millonarios desembolsos de dinero por parte de la previsional a la firma Neighpart, pese a que dicha empresa no proveyó los equipos para la instalación de los 11 quirófanos modulares, con lo que incumplió los plazos establecidos y otras normas del contrato.
Pese a las recomendaciones de una auditoría interna del IPS y de la Dirección de Contrataciones para anular el contrato por una serie de irregularidades, el IPS aprobó mediante adendas el desembolso de varios pagos a la firma. El 29 de julio de 2022 se firmó la primera adenda (N° 3), con la que se ampliaba el plazo del contrato y se elevó a G. 61.000 millones el total del contrato. Fue durante la administración del entonces presidente Vicente Bataglia, quien está imputado en la causa.
Posteriormente, con la adenda N° 4, firmada el 14 de abril de 2023, se procedió a otro millonario pago, mientras la empresa seguía incumpliendo con la entrega de los equipos.
Durante la administración de Jorge Brítez, se volvió a aprobar la ampliación del plazo de entrega con la adenda N° 5, firmada el 20 de agosto de 2024. Asimismo, con la adenda N° 6, firmada el 6 de diciembre del mismo año, se produjeron nuevos pagos, mientras que la adenda N° 7 fue firmada en setiembre de 2025.
Todas las adendas fueron avaladas por el Consejo de Administración del IPS. Estas irregularidades habrían generado un millonario perjuicio patrimonial a la previsional, de unos G. 61.000 millones. En la causa están imputados dos ex presidentes del IPS y siete ex directivos.
