El magistrado había presentado una denuncia ante el Ministerio Público a principios de febrero. Mencionó allí indicios de corrupción por parte del entonces diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura, así como de la ahora ex jueza Sadi López.
Los indicios los encontró en la extracción de datos del teléfono del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, pero se cuestionó que la denuncia la hizo sin antes haber expuesto a las partes lo que encontró, como establece la ley que debe hacerse.
Esquema. “Las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar Legal, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal”, dice la nueva denuncia.
Esto, supuestamente, fue con el objetivo de “evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos”.
Lo que se presume es que hubo detrás una motivación política o económica.
En la denuncia, acompañada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, menciona que el juez habría aprovechado la feria judicial –en enero– para examinar los datos del teléfono de Lalo “como parte de un plan montado” para ocultar pruebas que podrían “perjudicar” intereses de su entorno.
