La acción penal fue iniciada tras una denuncia formal presentada por la pareja del juez, en la que relató episodios reiterados de agresión física y psicológica ocurridos en el entorno doméstico.
Según el escrito del Ministerio Público, los hechos denunciados configuraban indicios suficientes para avanzar con la imputación, en el marco de la Ley Nº 5777/16 “de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”.
Dado que el imputado ostenta fueros por su condición de magistrado, el fiscal Argüello solicitó al Juzgado interviniente que dé trámite correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a fin de solicitar el desafuero del juez para que se pueda someter a la Justicia.
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Este paso es considerado indispensable para que el proceso penal pueda avanzar de manera formal en su contra.
El caso se encuentra actualmente en etapa de investigación preliminar y bajo reserva judicial, en resguardo de las partes involucradas y del debido proceso.
La imputación contra un juez en ejercicio por un presunto hecho de violencia intrafamiliar vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de garantizar mecanismos eficaces de control institucional y protección a las víctimas, incluso cuando se trate de autoridades con cargos de alto rango.
