La ministra Carolina Llanes hizo un informe a sus colegas sobre el uso de las tobilleras electrónicas, a más de solicitar que se apruebe que sean aplicadas a nivel nacional, en todos los delitos y en cualquier instancia del proceso, sea en Garantías, en Sentencia o Ejecución.
El pedido tuvo el apoyo de su colega Víctor Ríos, quien señaló que cuando fue parlamentario le tocó estudiar el primer proyecto sobre su uso. Al final, de forma unánime, los ministros aprobaron el pedido.
En su argumentación, la ministra Llanes explicó que en el año 2017 se promulgó la primera ley sobre el uso de las tobilleras electrónicas, que no tuvo una implementación efectiva. La citada legislación fue modificada en el 2019.
Sostuvo que recién en el 2023 se dispuso la implementación efectiva en febrero de 2024. Remarcó que esto se concretó a través de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Corte Suprema de Justicia y una representante del Poder Judicial, la jueza Rossana Bogarín.
En principio, la aplicación se realizó en Asunción, y la responsabilidad operativa del control recayó en la Policía Nacional, que elaboró un protocolo para su implementación. Se estableció además que el proceso sería gradual, iniciándose con una primera fase en la capital. Con ello, sostuvo que no fue una decisión aislada de la Corte, sino que se adoptó conforme a las recomendaciones de la comisión.
Solo había 100
Es más, la ministra refirió que esto también era por la cantidad limitada de tobilleras, que eran solo 100, y no como se señaló en otras instancias, acotó. Después, se solicitó que sea ampliado al Departamento Central, teniendo en cuenta la cantidad de la población y la reiteración de los hechos punibles.
Ahora, según Carolina Llanes, la última reunión fue el 18 de julio y el 21 el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) solicitó que se habilitara la aplicación de las tobilleras para todo el país.
Refirió que para su aplicación, el beneficiario debía hacerse cargo de los gastos, salvo caso de la insolvencia justificada donde el Estado se hace cargo. El certificado de viabilidad será expedido por la Policía Nacional, que determina que aplique o no.
La ministra informó que solo hubo 10 pedidos para la aplicación de tobilleras, pero el 60% fue denegado por incumplimiento de las condiciones. Alegó que el beneficiario deberá tener conexión de la ANDE, y no clandestina, tener wifi y otras cuestiones establecidas en los informes.
Lea más: Corte aprueba protocolo para la utilización de tobilleras electrónicas
Por su parte, el ministro Víctor Ríos señaló que festejaba y celebraba que la implementación sea a nivel nacional y para todo tipo de delitos.
Remarcó que le tocó estudiar la ley cuando era parlamentario, y en principio era solo para utilizar en casos de violencia doméstica, ya que, en ese momento, se había declarado incluso emergencia por casos de feminicidio, para las mujeres y niños violentados.
Recordó que aquella ley era con el costo a cargo del Estado y no para todos los delitos. Acotó que ahora se plantea a nivel nacional. “Esto nosotros tomamos de la experiencia uruguaya, a los casos de violencia doméstica y redujeron a cero los feminicidios. Aclaro que no tengo los datos actuales”, afirmó.
No obstante, dijo que la situación demográfica era diferente, ya que el 80% se encontraba en Montevideo, y el resto en zonas urbanas, a más de que era un país más pequeño. Finalmente, acotó que en el Paraguay había más población rural, con deficiencias de comunicación.
Por eso, recomendó la aprobación del pedido de la ministra Carolina Llanes, con lo que finalmente se aprobó por el pleno.
