Las denunciadas fueron identificadas como las abogadas Lourdes Rocío Aranda y Julia Mabel Rojas, quienes pertenecerían a una rosca mafiosa que opera con documentos vencidos o ya cancelados.
Entre sus reclamos, los afectados mencionaron que las abogadas tuvieron que actuar en connivencia con funcionarios del Poder Judicial para poder ejecutar los documentos ya finiquitados.
La enfermera jubilada Luciana Bernadet, una de las denunciantes, indicó a NPY que le descontaron G. 41 millones de su haber jubilatorio, más G. 10 millones por honorarios profesionales. “Yo no sabía nada y solamente me faltaba retirar el finiquito, por esa razón yo creo que me demandaron”, lamentó.
Bernadet contó que fue la abogada Lourdes Rocío Aranda la que inició un proceso judicial por el cobro y ejecución de su pagaré.
Ante la situación, fue a conversar con la abogada y llegaron a un acuerdo donde la mujer pagó la suma de G. 3 millones para detener todo. Sin embargo, la abogada realizó el trámite judicial y desde noviembre del año pasado le vienen descontando montos de dinero de su haber jubilatorio y el juez Martín Diego Acosta no da el finiquito de este litigio judicial.
Mientras que otra funcionaria jubilada relató que en diciembre termina de pagar G. 50 millones, pero continuará debiendo G. 5 millones por una cuenta que no sabe de dónde apareció.
