Luciana Bernadet, una mujer jubilada, víctima del caso conocido como “la mafia de los pagarés”, fue hasta la sede de la fiscala Belinda Bobadilla para conocer los avances de la investigación del caso, pero se encontró con la sorpresa de que su denuncia no estaba siendo investigada en la mencionada sede fiscal.
A raíz de ello, llegó acompañada de un grupo de víctimas hasta la sede de la Fiscalía General del Estado para pedir explicaciones.
“Me dijeron que debía venir a la Fiscalía General para interiorizarme de mi caso. Le quiero decir a la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, que el 70% de las víctimas de este caso son mujeres. Esto es un feminicidio económico”, señaló en comunicación con NPY.
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Luciana, junto con otras jubiladas de enfermería, denunció que su salario fue embargado por compras que nunca realizó.
“Esta mafia de los pagarés afecta a todos. Nos reunimos con varias víctimas y es alarmante la situación”, dijo a su vez, Mirna Gallardo, titular de la Asociación Paraguaya de Enfermería.
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El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales para indagar sobre un esquema judicial por el cual estudios jurídicos consiguen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no fueron retirados por los firmantes, y con ellos, se inician juicios contra las personas firmantes de los pagarés ya cancelados.
Ante la catarata de información, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dispuesto la intervención y auditoría a Juzgados de Paz de la capital, involucrados en el esquema de doble cobro de deudas ya canceladas.
