Esta vez, la abogada Noelia Núñez denunció que demandaron a Ángela Mabel Zárate, por una cuenta de G. 7.200.000, cuya deuda ya había sido cancelada vía descuentos del BNF. Es más, como domicilio de la demandada, señalaron que estaba en el Hospital 12 de Junio del Instituto de Previsión Social.
La demanda por reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes fue entablada ante el Juzgado de Benjamín Aceval, a cargo del juez Roberto Ferreira. Zárate nunca fue notificada, por lo que el juicio siguió, y en tiempo récord, salieron las resoluciones.
Hace unas semanas, ÚH había publicado también una demanda similar contra Alicia Elizabeth Romero, por parte de la misma empresa, Vanessa y Asociados SA, en el mismo Juzgado de Paz, con un modus operandi similar.
La abogada también denunció otras cuatro demandas similares, todas contra Edorita Garay Insfrán, en el mismo juzgado y por la misma empresa.
La abogada denunció a los dueños de la empresa Vanessa y Asociados SA, el 20 de febrero del año pasado, ante la oficina de denuncias del Ministerio Público, a raíz de la demanda que realizaron por el doble cobro de la deuda.
Tras la investigación, identificaron a Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva como los supuestos dueños de la citada firma. Fueron imputados por presunta asociación criminal y otros delitos.
La imputación fue presentada por el fiscal Armín Echeguren ante el juez de Garantías de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronsewski.
La abogada señaló que existen numerosas denuncias en distintas fiscalías penales del país, por las demandas por los pagarés ya cancelados.
Según la abogada Noelia Núñez, la empresa también tiene demandas en otros juzgados de Central, en las localidades de Mariano Roque Alonso, Villeta y Benjamín Aceval, entre otros.
Hasta ahora, la Corte no ordenó una auditoría sobre estas denuncias por las irregularidades en los juicios ejecutivos que se realizan en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, en la circunscripción de Presidente Hayes.
JEM abrió causa a juez por secuestros
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso ayer el inicio del enjuiciamiento de oficio del abogado Roberto Carlos Ferreira, juez de Paz de Benjamín Aceval, de la circunscripción judicial de Presidente Hayes.
La resolución se dio respecto al caso que investiga el secuestro irregular de vehículos que fuera denunciado por varios clientes de la playa de automotores Matías Automotores.
La resuelto por el Jurado señala que el enjuiciamiento es a tenor de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 6814/21. Además, se nombró como fiscal acusadora a la abogada Cristina Armoa Santander.
El ministro César Garay, secundado por su colega en el Jurado, Manuel Ramírez Candia, argumentaron a favor del enjuiciamiento, a raíz de las irregularidades que se encontraron.
Remarcó que los hechos investigados eran de naturaleza insólita teniendo en cuenta la estructura que se montó para los secuestros de vehículos de los clientes de la citada playa.
Supuestamente, el magistrado formaba parte importante de la estructura, ya que libraba las órdenes de secuestro sin que se cumplieran los requisitos legales para las resoluciones.
El ministro Garay apuntó que de comprobarse los hechos investigados, “serían gravísimas afrentas a la investidura del magistrado”, en el cumplimiento de sus labores.
En el caso, el 21 de noviembre del 2024 allanaron el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, por las sospechas de los secuestros irregulares de rodados a favor de una playa de autos que se encuentra en Lambaré, fuera de la jurisdicción del juzgado. En esa fecha, también allanaron la firma Matías Automotores, y la vivienda de su propietario, Porfirio Giménez.
