A principios de enero, en pleno receso parlamentario, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, anunció la intención de modificar la Caja Parlamentaria para dar ejemplo antes de abordar la reforma de la Caja Fiscal, pero la voluntad para la revisión de sus privilegios se fue diluyendo. Todos los esfuerzos se concentraron en empujar la pretensión oficialista.
El senador Silvio Beto Ovelar (ANR-HC) recordó esta iniciativa tras la caldeada sesión del miércoles, donde se modificaron artículos del proyecto del Ejecutivo para la Caja Fiscal, situación que causó el enojo de los diputados colorados, que habían aprobado sin cuestionar.
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“Nosotros asumimos una posición y estoy con la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenía que hacer, con el costo que esto significa porque yo actúo de frente y no ando con ambigüedades, los hipócritas van a ir a hacer todo tipo de discurso, no hay problema. ¡Ah!, queda pendiente, y ¿cómo quedamos con la Caja Parlamentaria? Yo creo que ahora tenemos que dar el ejemplo”, anunció Ovelar.
El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación del Senado, Derlis Maidana (ANR-HC), dijo que, a partir del lunes, los parlamentarios tendrán más certezas y convicciones sobre la modificación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso.
“Nosotros vamos a estudiar en la Comisión de Legislación el lunes por la mañana y allí voy a sacar mi posición definitiva sobre el tema. Como estábamos abocados a la Caja Fiscal, no pudimos mirar bien todavía los alcances del proyecto para la Caja Parlamentaria”, explicó.
Jugada del cartismo
Con el impulso de una mayoría cartista, el pasado 5 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó algunos cambios, entre ellos el aumento de la edad mínima a 60 años y aporte de 15 años (tres periodos legislativos) para la jubilación ordinaria, que contempla el pago del 80% de sus dietas.
Continuarán jubilándose de manera extraordinaria con solo 10 años de aportes (dos periodos) y a los 55 años de edad, percibiendo el 60% de sus dietas más los gastos de representación.
Aunque se excluye a los hijos como los herederos de la Caja Parlamentaria, permanecen las viudas y los viudos con una pensión que se reduce del 40 al 25% de la jubilación que percibía el parlamentario fallecido.
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De acuerdo con el presupuesto 2026, los 73 viudos y viudas de parlamentarios cobrarán casi G. 3.700 millones este año.
Uno de los puntos más polémicos es el aporte estatal, ya que si bien se eliminó esta posibilidad en el 2019, los congresistas lograron inyectar G. 10.000 millones provenientes del Tesoro a su fondo jubilatorio en los últimos tres años.
Aunque el proyecto actual incorporó un artículo que descarta cualquier aporte del Estado, no hay garantías de que se cumpla, de acuerdo con las experiencias del pasado.
Por su parte, los opositores Raúl Benítez y Johanna Ortega propusieron eliminar esta Caja Parlamentaria; sin embargo, la iniciativa no prosperó.