Con bombos y platillos había celebrado el Gobierno haber recibido la calificación del grado de inversión, y explicaban que la decisión responde al historial de estabilidad macroeconómica, la efectividad de las políticas públicas y la mayor resiliencia económica. Lamentablemente la realidad en la calle contradice fieramente al relato oficial. En medio de una ola de calor, un apagón dejó sin energía eléctrica al 90% de los usuarios, generando un caos total en hospitales, comercios, el tránsito, padecimiento ciudadano y millonarias pérdidas.
Gran parte del país quedó sin energía eléctrica el pasado miércoles debido a un “evento fortuito” inesperado que dejó sin suministro a alrededor de 5 millones de personas. La salida de servicio de las líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV, provenientes de la Central Hidroeléctrica Itaipú, provocó el corte masivo.
Para las autoridades de la ANDE lo ocurrido no fue por sobrecarga, y aseguran que fue un “evento fortuito” en la Subestación Yguazú, Alto Paraná, donde se desprendió un conector de llegada, lo que, a su vez, hizo que actuara un sistema de protección.
Aunque la ANDE alcanzó en 2025 una ejecución presupuestaria en inversiones de infraestructura eléctrica por 349,2 millones de dólares, no caben dudas de que esto no resulta suficiente para compensar la falta de inversiones acumulada durante las últimas décadas. La propaganda oficial insiste en que “un sistema eléctrico robusto es el pilar fundamental para la radicación de nuevas industrias, la generación de empleo y el bienestar de las familias paraguayas”, pero en este contexto esto demuestra que ese pilar todavía está lejos de consolidarse.
La realidad no obstante, tiene otro relato. Nos habla, por un lado, del elevado consumo de biomasa (materia orgánica renovable) en el país: se consumen 6,2 millones de toneladas por año, y el 57% de ese volumen corresponde al sector industrial, el 28,8% al sector residencial y el 14,2% restante se destina al carbón vegetal. Y, por otro lado, las dudosas decisiones políticas que tienen un grave impacto en la población, más concretamente, los recientes decretos (N° 5306 y N° 5307) que establecen tarifas eléctricas preferenciales para “industrias convergentes” como centros de datos para inteligencia artificial y producción de hidrógeno verde. Con razón se ha generado un debate alrededor de la validez de captación de inversión extranjera, sin considerar que los beneficios serán para grandes corporaciones y no para la población del país. En particular se deben mencionar a la minería de criptomonedas las cuales aceleran el consumo eléctrico. Subsidios como esos tienen costos muy elevados y resulta inadmisible que un gobierno tome estas decisiones sin considerar el impacto que tendrá en la economía y en el consumo de energía.
Precisamente en la semana en que se hablaba de que Paraguay se convirtió en el lugar más caluroso del planeta, el apagón masivo afectó a gran parte del país. Los paraguayos y paraguayas no solamente quedaron a merced de las brutales y altas temperaturas sin poder refrigerarse con ventiladores y aires acondicionados, sino que además toda normalidad en la vida cotidiana quedó afectada. Otro aspecto negativo fueron las millonarias pérdidas que han sufrido comercios, como el sector de multitiendas, por el tiempo que los locales de este sector no contaron con energía eléctrica, así como también muchas industrias que han debido deshacerse de materias primas.
Uno de los impactos más graves fue en los hospitales en los que los generadores presentaron fallos; se ha sabido del caso del Hospital Materno Infantil de Capiatá, donde los médicos tuvieron que continuar con una cesárea iluminando el quirófano con teléfonos celulares. Asimismo, el caos en el tránsito se ha multiplicado convirtiendo nuestras ciudades en selvas de cemento donde se impuso el más atrevido.
Urgen políticas públicas e inversión no solo para el sector energético, sino también para la emergencia climática que suponen las olas de calor. Hay cortes de energía como eventos fortuitos, pero la población va a necesitar cada vez más espacios verdes, sistemas de alerta temprana ante olas de calor, y un transporte público sostenible y climatizado. No se puede seguir castigando a la población a un eterno sufrimiento.
