Paraguay se encuentra en un momento crucial de su desarrollo económico y social. Con una población mayoritariamente joven, el país enfrenta el desafío de convertir este bono demográfico en un motor de crecimiento sostenible. Sin embargo, la inserción laboral de los jóvenes dista de ser un proceso sencillo. Mientras el crecimiento sigue en aumento, el empleo juvenil no responde ni a las expectativas de la juventud ni a las necesidades de la economía, generando tensiones tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo.
El empleo juvenil en Paraguay se configura como un rompecabezas de múltiples piezas que no terminan de encajar. Por un lado, un dinámico desempeño económico desde hace dos décadas, sin que este logre mejorar en la misma medida los indicadores económicos juveniles.
Por otro lado, un Estado que no es capaz de conseguir una adecuada transición del sistema educativo al mercado laboral debido a la desconexión entre la oferta formativa y la demanda de trabajo en la educación media y superior.
Adicionalmente, hay cambios significativos en la cosmovisión juvenil que es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas. De acuerdo con las estadísticas del IPS correspondientes al régimen general hasta octubre de 2025 se registraron 25.077 trabajadores a tiempo parcial que cotizan al sistema de previsión social, mientras que en 2022 solo 6.410 personas optaron por esta modalidad. Esta cifra representa un aumento de más del 300% en comparación con periodos anteriores, lo que genera el gran desafío de entender las transformaciones culturales en paralelo a la demanda de trabajo.
Algunos analistas interpretan que este creciente del número de jóvenes en empleos a tiempo parcial en lugar de la tradicional jornada laboral de ocho horas refleja un cambio generacional profundo atribuido a la búsqueda de mayor autonomía, la aversión a estructuras jerárquicas rígidas y la priorización de un equilibrio entre vida personal y profesional para evitar el estrés. Los indicadores muestran un incremento significativo en esta modalidad de trabajo, lo que obliga a las empresas a replantear sus estrategias de retención de talento.
Por otro lado, Paraguay no genera suficientes empleos de calidad, con salario mínimo, seguridad social y apego a las normas laborales como los horarios de trabajo, el pago de horas extras o de vacaciones, por lo que la juventud evalúa los costos de oportunidad y puede que el tiempo de trabajo parcial no fuese una opción sino la única alternativa.
Un factor importante también es el del transporte público, cuyos servicios no contribuyen a dinamizar el mercado laboral y garantizar mayores oportunidades para la elección de un empleo por lo que el tiempo perdido en el traslado, la imposibilidad de trabajar a la noche o las distancias entre la vivienda y la parada del bus atentan contra la productividad y los costos de trabajar.
Detrás de todas estas tensiones se encuentra una realidad incómoda y estructural: La desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. Miles de jóvenes egresan cada año con títulos, pero sin las herramientas técnicas y socioemocionales que el mercado demanda.
Varios estudios advierten esta brecha que no solo limita las oportunidades individuales y lastima la autoestima de los jóvenes, sino que también frena la competitividad del país.
En el centro de esta encrucijada se encuentra la necesidad de una reforma educativa que conecte la formación para el trabajo con las empresas y dote a los jóvenes de las habilidades del siglo XXI. La solución no reside en una sola medida, sino en la construcción de un diálogo tripartito entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas, con la participación activa de los propios jóvenes.
Solo a través de un esfuerzo coordinado, Paraguay podrá transformar su bono demográfico en una verdadera ventaja competitiva, asegurando un futuro de progreso y bienestar para su juventud y para el país en su conjunto. El 2026 se presenta como un año de oportunidades, pero también como un examen de la capacidad nacional para construir consensos y ejecutar políticas públicas a la altura de este desafío.
