16 mar. 2026

Caso Metrobús: Justicia confusa para un proyecto fracasado

La historia del proyecto del Metrobús es larga e intrincada. Se inició hace más de una década y su suspensión dejó millonarias pérdidas al Estado, perjuicio a vecinos y a la población sin una solución de un sistema de transporte público. La Fiscalía imputó al ex ministro de Obras, Arnoldo Wiens; pese a que fue rechazada, queda la frustrante sensación de impunidad, ya que los mismos fiscales pidieron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, el ex ministro de Obras que inició el proyecto Metrobús.

Hace doce años, un informe del Banco Mundial decía que 400 millones de latinoamericanos viven en zonas urbanas y afrontan largas odiseas para movilizarse, pasando un promedio de 4 horas en embotellamientos y que una opción era mejorar la movilidad pública con buses de tránsito rápido (BRT), que operan en carriles especiales. En la misma época, se comenzó a perfilar el proyecto del Metrobús en la capital y fue presentado como una alternativa al caos del transporte público.

Para el nivel de atraso del país, el Metrobús fue visto por muchos expertos como el proyecto más importante desde el ferrocarril. Tristemente, el fracaso fue total, atribuible a dos gobiernos colorados, a instancias ejecutivas y judiciales. Con este proyecto no solo fueron dilapidados millones de dólares, sino también la confianza ciudadana.

Ahora, en un nuevo capítulo que, sin duda, aportará más confusión Arnoldo Wiens, precandidato por la disidencia de la ANR y ex ministro de Obras Públicas en el anterior Gobierno colorado, fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas. Según la imputación, hubo un presunto perjuicio patrimonial al Estado que ronda entre G. 6.000 millones y 8.000 millones.

Los fiscales señalaron en la imputación que Wiens, al asumir como titular del Ministerio de Obras Públicas, en agosto de 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y asegurar la continuidad de las obras. Esos mismos fiscales pidieron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Horacio Cartes cuando se inició el proyecto del Metrobús.

La respuesta a la imputación llegó rápida, el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, quien interina al juez Humberto Otazú, indicó que el hecho punible de daño a obras construidas no está bien descripto en la imputación a Wiens, por lo que le dio el trámite del artículo 314, del Código Procesal Penal (CPP), y ahora los fiscales tienen 10 días para ratificarse o rectificarse.

Según la defensa de Wiens, durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona se documentaron 77 irregularidades graves identificadas por la Contraloría General de la República; errores estructurales, inicio de obras y liberación de la franja de dominio y problemas como pago irregulares sobre costo y falta de permisos municipales.

La defensa cuestionó también la Justicia selectiva, y dice que Jiménez Gaona firmó y ejecutó el contrato original, admitió públicamente su responsabilidad en el fracaso, pero fue sobreseído provisionalmente; Wiens, por su parte, heredó un contrato técnico y operativamente inviable, tomó decisiones para evitar mayores pérdidas al Estado y fue imputado.

El proceso a los responsables del fracaso del proyecto Metrobús fue desde sus inicios intrincado, confuso y decepcionante. No caben dudas de que la Justicia y la Fiscalía no estuvieron a la altura de las expectativas y poco hicieron para dar seguridad y confianza a la ciudadanía, quien observó impotente el fracaso de un proyecto que debería haber aportado a la calidad de vida de la población y que, por el contrario, solamente dejó perjuicios y deudas millonarias al Estado paraguayo.

El proyecto Metrobús era importante y su potencial transformador a nivel urbano podría haber sido trascendental en cuanto al bienestar de los usuarios y al ordenamiento del tránsito.

El fracaso de dos gobiernos colorados, tanto de sus ejecutores y responsables, como de la Fiscalía que no persiguió a los culpables, interpela también a la clase política que al haber gestionado mal el proyecto ha privado a la población de una oportunidad de contar con un sistema de transporte público digno que ya no maltrate a sus usuarios.

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