A través de la Ley 569/75 se reglamentó el SMO, que rige para todo ciudadano paraguayo mayor de edad, y la objeción de conciencia se estableció mediante la Ley 4013/10. Ambos temas siempre son foco de debate y opiniones encontradas.
Desde el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la articulación juvenil Akã Pu’ã consideran que ambas normativas deben reunir todas las garantías necesarias para resguardar el derecho, la seguridad y la integridad de los jóvenes.
El pedido de moratoria de las leyes de objeción de conciencia y del servicio militar obligatorio (SMO) fue presentado este viernes en el despacho de la senadora Esperanza Martínez y a la bancada del Frente Guasu.
La asesora jurídica de Serpaj, Natalia Rodríguez, mencionó que elaboraron una propuesta para dejar sin efecto, por un periodo de tiempo, ambas leyes. Esto, a los efectos de analizar y regularizar los aspectos que implica la aplicación de ambos servicios.
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Consideran que para el SMO y para los objetores se deben tener en cuenta la provisión de espacios y medios materiales, la capacidad limitada de las instituciones para el contingente de jóvenes que van a cumplir el servicio militar y la asistencia médica ante eventuales accidentes.
Los objetores deberán cumplir un servicio sustitutivo en un sitio cercano a su domicilio, pero no puede realizarse en instituciones eclesiásticas o de carácter político.
Sobre las multas que había advertido el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, para quienes no tramiten la objeción ni realicen el servicio miliar, el Gobierno había aclarado que no habrá sanciones.
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A través de la Ley 569/75 se reglamentó el SMO, que rige para todo ciudadano paraguayo mayor de edad. En tanto, con la objeción de conciencia se hizo lo propio a través de la Ley 4013/10.
Con la vigencia del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio se da lugar a la reglamentación de los servicios sustitutivos y la aplicación de sanciones para quienes no opten por el SMO o la objeción de conciencia.
El 1 de julio comenzó a regir la reglamentación de la Ley 4013/10, que dispone el servicio sustitutivo para los que se declaran objetores de conciencia. Los jóvenes que trabajan o estudian deben cumplir 240 horas de servicio como voluntarios y los que no desempeñan ninguna actividad, 480 horas.
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A principios de este año, con el reflote del SMO, los objetores acudieron en masa hasta la Defensoría, e incluso se produjeron incidentes en algunos puntos del país, en medio de una confusión generada por el propio defensor del Pueblo, Miguel Godoy.
