El JEM investigará a la fiscala Alejandra María Vera González, agente fiscal de la Unidad Nº 2 de la ciudad de Itá, a quien se la vio haciendo campaña política en el 2025, para un cargo en Derecho UNA en el movimiento Es nuestro momento, junto a varios hoy procesados por la mafia de los pagarés y a Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya había tomado conocimiento del hecho en agosto del año pasado y los miembros trataron el caso, decidiendo iniciar de oficio una investigación preliminar, por lo que solicitaron un informe pormenorizado y los antecedentes del caso.
Lo que pretende confirmar es si la fiscala incurrió en alguna irregularidad, expresó el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, miembro del JEM.
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Los hechos que se le atribuyen
Se sindica a la fiscala dos hechos: una supuesta irregularidad en su postulación al cargo de miembro titular del Tribunal Electoral Independiente, en la representación no docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pese a ostentar el cargo de agente fiscal. Y, en segundo lugar, supuestos vínculos con imputados del esquema denominado mafia de pagarés durante la campaña proselitista en las elecciones realizadas en la Facultad de Derecho.
“La agente fiscal se encontraba pugnando por el cargo de miembro del Tribunal Electoral Independiente, cuya candidatura pertenecería a un movimiento gremial, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 91 señala lo referente a la incompatibilidad de los fiscales y prohibiciones generales”, comenzó diciendo Ramírez Candia.
En su inciso primero, será incompatible con los cargos de fiscales –expuso– cualquier cargo político electivo o la postulación para ellos. En segundo lugar, cualquier empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia a tiempo parcial.
Para confirmar esto, se remitió al artículo 254 de la Constitución Nacional, que vuelve a hacer alusión a la prohibición de otro cargo público o privado, remunerado o no, resaltando como única excepción la docencia o la investigación científica a tiempo parcial, “para que esto no perturbe el normal desarrollo de las funciones de los magistrados”.
Los votos de los miembros del JEM
“Un agente fiscal no podría ocupar un cargo administrativo o de Tribunal Electoral de una facultad o universidad, si esto implica un empleo o función pública o privada adicional al ejercicio regular”, explicó el ministro.
Continuó diciendo que “esta situación constituiría un hecho grave, porque el Ministerio Público, como representante de la sociedad, y más todavía en este caso en particular, debe actuar con la debida objetividad en las investigaciones”.
El hecho “afectaría la imagen, la objetividad del Ministerio Público en una investigación, y más todavía en este caso, un caso muy sensible para la sociedad paraguaya”, finalizó.
Todos los demás miembros se adhirieron a este voto: el ministro César Garay, los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, así como los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia y la ex ministra Alicia Pucheta.
Antecedentes del caso
En agosto del 2025, la fiscala, hija del ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas Hugo Vera, se lanzó como candidata al Tribunal Electoral Independiente, en la representación no docente de la carrera de Derecho, de la UNA.
Ella aparecía alegremente junto a los procesados por la mafia de los pagarés: Audrey Jazmín Galeano, ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, quien había renunciado tras saltar a luz los resultados de auditoría de la Corte, donde figuraba que habría consignado falsamente 43 notificaciones, coincidiendo día y hora en ciudades diferentes.
También junto a Alfredo René Benítez, ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, también imputado, es director de Anticorrupción de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), quien también figura como presidente de la Seccional Colorada 44, por Honor Colorado (HC).
Por último, en las fotos junto a Vera se le ve a Nicolás Antonio Antúnez, ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, quien habría consignado falsamente 40 notificaciones, según la Fiscalía.
Denuncias anteriores contra la fiscala
En el 2017, la fiscala Alejandra Vera había sido denunciada por intentar captar votos como presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho UNA, mediante el sorteo de un auto y un pasaje a Camboriú (Brasil).
Durante el cierre de su campaña electoral, según la denuncia de una fiscala electoral, trató de comprar votos supuestamente de manera indirecta mediante el sorteo de un automóvil de la marca Toyota, un pasaje a Camboriú, bebidas alcohólicas y lomitos.
Ese hecho se había intentado captar en fotos y videos, pero una agresión a periodistas de diferentes medios por supuestos estudiantes, que luego se comprobó que eran hinchas de la barra brava de Cerro Porteño.
Todo esto fue denunciado por la entonces fiscala electoral Myriam González, quien pidió la imputación de Vera por soborno y cómplice de la agresión.
