En forma unánime, los camaristas Agustín Lovera Cañete, Adriana Giagni y Miryam Meza de López, ratificaron la resolución dictada el 20 de mayo del 2024, por el juez de Garantías, Yoan Paul López, que sobreseyó definitivamente a los procesados por pedido de la Fiscalía Adjunta.
Fueron favorecidos con la resolución los ex directivos de la entidad, José Antonio Caballero Bobadilla, ex presidente, Ángel Ramón Chamorro Ortiz, Miguel Ramón Oro Domínguez Y Xavier Alberto Hamuy Campos, quienes habían sido procesados por la causa en el 2019.
La apelación fue presentada por el abogado querellante adhesivo Jorge Rubén Vasconsellos, en representación de Isidoro Colmán Moreno, que apeló la resolución dictada en la audiencia preliminar.
En el caso, el magistrado de Garantías le dio trámite de oposición al pedido de la Fiscalía, por lo que la entonces fiscala adjunta, Patricia Rivarola, había ratificado el pedido de sobreseimiento definitivo para todos los procesados.
Sin embargo, la querella apeló el fallo por falta de fundamentación, debido a que el juez se limitó a señalar la obligación que tenía de hacer lugar al pedido del Ministerio Público, ante la falta de acusación fiscal.
La querella sostuvo que violación de la tutela judicial efectiva además de que quedaba impune un caso donde el perjuicio patrimonial era de G. 2,5 billones. Pide la revocación del fallo, o en su defecto, la nulidad, para que otro juez realizara una nueva audiencia preliminar.
Posición del fiscal
Por su parte, el fiscal José Martín Morínigo, solicitó la ratificación del fallo, e hizo un historial de todo lo ocurrido en el juicio.
En el caso, el 26 de julio de 2022, la fiscala Claudia Aguilera solicitó la reapertura del juicio tras el sobreseimiento provisional y acusó a los procesados por supuesta lesión de confianza por el citado billonario perjuicio.
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Sin embargo, en la audiencia preliminar, la ahora ex fiscala Stella Marys Cano, a quien le dieron el caso, consideró viable el incidente de extinción de la acción penal, formulado por las defensas, y pidió el sobreseimiento definitivo.
Ante esto, la jueza de Garantías, Cynthia Lovera, le imprimió el trámite de oposición, para que la Fiscalía General acuse o ratifique el pronunciamiento de la agente fiscal inferior.
La ahora ex fiscala adjunta Patricia Rivarola solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de los procesados el 18 de abril de 2023, la cual fue ratificada por la Fiscalía en la preliminar.
Sin embargo, el 14 de junio de 2023, la jueza Cynthia Lovera no hizo lugar al dictamen de la fiscala Adjunta y declaró extinta la acción penal con lo que sobreseyó a los procesados José Antonio Caballero, Ángel Ramón Chamorro Ortíz, Miguel Ramón Oro Domínguez y Xavier Alberto Hamuy Campos.
Después, con los recursos de las defensas, la querella adhesiva y la fiscala adjunta, el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo de la jueza el 28 de junio de 2023, con lo que pasó a otro juez.
La Fiscalía General interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de los fallos del Tribunal de Apelación Penal y de la jueza de Garantías, porque exigían que de nuevo se pronunciara en otra audiencia preliminar, cuando ya había dictaminado. La acción aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.
Después, el nuevo juez de Garantías, Yoan Paul López, el 26 de octubre de 2023, convocó a una nueva audiencia preliminar, donde finalmente, le dio un nuevo trámite de oposición. La fiscalía Adjunta se ratificó en su dictamen anterior de sobreseimiento definitivo. Con ello, finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo.
Los camaristas estudiaron el recurso y señalaron que ante el pedido de la Fiscalía General, no existía otra opción al juez que admitir el pedido de sobreseimiento definitivo para todos los procesados ante la falta de acusación del Ministerio Público.
