La fiscala antidrogas Ingrid Cubilla había solicitado que la declaración de dos testigos se tome como prueba anticipada, atendiendo a las amenazas y eventuales actos de represalia o intimidación que se puedan tomar, ya que la causa es pública.
La causa inició luego que uno de los testigos haya denunciado que cuatro directivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) hacían “favores” al diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes.
Por un lado está un analista de la Senad, quien denunció las filtraciones de datos sensibles a Lalo Gomes y quien ya había comunicado amenazas.
Él había declarado en febrero de este año ante los fiscales del caso, diciendo que “recibió instrucciones de un superior jerárquico para excluir del informe preliminar información relativa a Eulalio Gomes” en la causa conocida como Pavo Real.
Tras negarse o cuestionar la orden, dijo haber recibido represalias, haber sido sacado de la investigación e incluso trasladado.
Respecto al segundo testigo, funcionario fiscal de la Unidad contra el Narcotráfico, este mencionó que presenció el momento en que se le ordenó al primero no vincular a Lalo con el caso Pavo Real, que investigaba a las personas que lavaron dinero de Jarvis Chimenes Pavão.
La Fiscalía señala que este segundo funcionario relató haber presenciado el momento en que Alicia Vázquez (agente de Senad imputada) indicó que retirara el nombre de Lalo, “argumentando que se trataba de un reconocido ganadero de Amambay y que la sola venta de ganado no permitía vincularlo con la estructura”.
El testigo dijo que, desde que estos hechos tomaron estado público, “siente temor por su seguridad personal”, citó la fiscala Cubilla.
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Remarcó que los hoy imputados conocen perfectamente sus datos personales, su domicilio y que cada rato se moviliza en transporte público.
El caso
La sospecha recae principalmente en que los agentes de la Senad, incluido Hugo Derlis Baptista, director general, y la sobrina de Lalo Gomes, Lizany Solís Gomes, ex asistente fiscal, quienes usaron supuestamente su influencia dentro del sistema de seguridad para modificar investigaciones y permitir la fuga de un narcotraficante brasilero.
En cuanto a Lizany, es considerada como “principal operadora del clan”, quien gozó del “padrinazgo” de su tío.
Convenientemente, tenía su pareja en las filas de la Senad, el coronel Aldo Pintos. A través suyo, habría accedido a informaciones sensibles sobre operativos.
En cuanto a Hugo Baptista, este habría participado en la fuga de Ronaldo Mendes durante el operativo Sanctus, el 8 de diciembre del 2023. Esto habría sido una orden directa de Eulalio Gomes, a través del WhatsApp.
Luego, Aldo Pintos habría dado información sensible a Lalo, sobre operativos de la Senad. Y, Cristian Amarilla, siendo director de Inteligencia de la Senad, habría ordenado no poner el nombre de Lalo en un informe del caso Pavo Real.
