La mafia de los pagarés, según el último comunicado de las víctimas, “es una estafa masiva que desestabiliza la economía de miles de hogares paraguayos”, y los afectados siguen siendo “ignorados” por su propio Gobierno. Hasta ahora, solo están procesados setenta y nueve personas a nivel país, entre ellas siete jueces y ex jueces en la mira. Hay otras causas abiertas, pero sin resultados visibles hasta ahora.
Desde un principio, los afectados denunciaron que este es un esquema que “dejó en la calle a miles de víctimas” y que tiene ramificaciones en casi todo el Paraguay, pero las grandes investigaciones se centraron en Asunción, que abarca la mayor cantidad de casos.
Según un recuento de ÚH, son setenta y nueve las personas implicadas hasta ahora dentro de 12 causas relacionadas con la mafia de pagarés, entre jueces, ujieres, actuarios, oficiales de justicia, abogados, así como particulares, quienes habrían perjudicado gravemente a miles de docentes, enfermeros y funcionarios públicos, quienes se encontraron enredados en deudas inventadas e interminables.
De Asunción. Dentro de la capital del país se encargó el equipo de investigación integrado por los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, de acusar a la mayor cantidad de personas, dentro de las causas que se dividen por los Juzgados de Paz comprometidos, que son La Encarnación, Recoleta, La Catedral 1° y 2° Turnos y San Roque.
Acá se encuentra acusado el único juez que permanece con el cargo, que es Gustavo Villalba, así como los ex jueces de Paz Carmen Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez, Nathalia Guadalupe Garcete y Lilian González de Bristot.
Se sospecha que estos, siendo jueces, sacaron fallos “a favor de los demandantes, torciendo el derecho”.
Todos ellos deben enfrentar un Tribunal de Sentencia que los juzgará por los irregulares casos en donde las víctimas nunca fueron notificadas, ya que los ujieres marcaban falsamente que estaban notificando en diferentes ciudades, incluso al mismo tiempo.
Todo esto era avalado por los jueces, quienes terminaron embargando de las personas sus salarios, obligándoles a pagar deudas falsas e inventadas.
Fuera de Asunción, la fiscala Liz Medina acusó y pidió juicio oral para la ahora ex jueza de Paz de Luque Norma Ortiz y está pendiente de realizarse la audiencia preliminar.
Y en Villa Hayes, el fiscal Irán Suárez imputó al ex juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval Roberto Carlos Ferreira, también por integrar el supuesto esquema.
Recién en noviembre, el fiscal debe decidir si le acusa y pide su juicio o no.
“Histórico”. Hablando con Diana Vargas, directora de la Comisión de la Mafia de los Pagarés en el Senado, confirmó que “estos juzgados estaban al servicio de estos abogados”, quienes se dedicaban a ejecutar masivamente los pagarés, muchos clonados o inventados.
Reveló que la impunidad es el caldo de cultivo “para que se crea que, con total descaro, se puede utilizar la estructura del Estado para atentar contra el patrimonio y la vida, la tranquilidad de miles de familias paraguayas”.
Por eso festejó el avance de las causas penales elevadas a juicio, donde de “manera inédita se procesó a operadores del sistema de Justicia”. “Es realmente histórico”, dijo.
Habló de que la Fiscalía avanzó en eso, haciendo un trabajo nada fácil, pero por otro lado, “hay muchas otras denuncias que han radicado las víctimas en los últimos años y también acompañadas por la Comisión, que realmente no están teniendo un impulso”.
“Falta que también se avance hacia la usura”, expresó.
La Comisión. Habló de que la Comisión de Investigación evidenció el involucramiento también de estructuras estatales para facilitar descuentos administrativos, salariales, sin ninguna rigurosidad.
Hicieron un relevamiento a partir de testimonios y de revisión documental de cómo funciona el esquema.
Criticó a la Corte que si bien tomó algunas medidas de fortalecimiento de los juzgados, estos esfuerzos “todavía siguen siendo insuficientes”.
- “La impunidad hace que se crea que se puede usar el Estado para atentar contra la vida del otro”. Diana Vargas, directora de la Comisión.
