El fiscal Leonardi Guerrero imputó el 19 de mayo a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero Librada Peralta, junto a otro ex juez, un asistente fiscal y una ex actuaria, por supuestamente adulterar un certificado para obtener ventaja en una terna del Consejo de la Magistratura. Respecto a la magistrada, el fiscal pidió su desafuero, que ahora debe tratarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Respecto a esa causa, el ministro de la Corte Víctor Ríos, en la sesión plenaria del pasado martes, cuestionó duramente al agente, porque, supuestamente, ya pasó una semana desde la imputación y a la jueza se le sigue negando el acceso a la carpeta fiscal. Sus palabras fueron las siguientes: “Hace una semana que la prójima se entera a través de los medios de comunicación de haber sido imputada y hasta hoy este buen señor no se digna en permitirle el acceso a la carpeta fiscal”.
También dijo que, supuestamente, le hizo esperar siete horas a la jueza para no recibirla. “Si algunos agentes fiscales tratan de esta manera a una magistrada, uno se imagina cómo ha de ser el trato a los ciudadanos, a las ciudadanas comunes y corrientes”, criticó el ministro.
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Versión del fiscal
Pasó un día y recién hoy, el fiscal Guerrero dio su versión de los hechos a través de un comunicado, donde defendió la legalidad de sus actuaciones. Detalló cronológicamente las fechas para demostrar que no habría ningún manejo oculto en el proceso de imputación.
“Atendiendo a que la magistrada cuenta con fuero, el Juzgado, en fecha 20 de mayo de 2026, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la presentación de la imputación formal y el correspondiente pedido de desafuero”, empezó el fiscal.
Ese mismo día, el 20 de mayo de 2026, puso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la imputación formulada contra la jueza, “acompañando copia de la misma, a fin de que dicha instancia tome conocimiento de los hechos y considere las medidas que estime pertinentes, atendiendo a que la magistrada continúa en funciones en la ciudad de Pedro Juan Caballero”.
Negó que ella le haya solicitado acceder a detalles de la causa. “He verificado en la carpeta fiscal que la jueza Librada Peralta Céspedes no solicitó intervención, ni por sí ni por medio de representante legal, para acceder a copias de las actuaciones o mantener reunión alguna conmigo, ya sea antes o después de la presentación de la imputación formal, en la Secretaría de la Sede Fiscal N° 1, lugar que, además, cuenta con cámaras de circuito cerrado”, dijo el fiscal.
Intento de reunión informal
El fiscal Leonardi Guerrero hizo público además que la defensa intentó de manera informal que la jueza se reúna con él. Esto ocurrió en el Poder Judicial, durante la audiencia de la causa mafia de los pagarés, refirió Guerrero.
“En fecha 20 de mayo de 2026, durante la realización de una audiencia preliminar, se acercó la abogada Rocío Vega, representante del coprocesado Mario Brítez, manifestándome que la jueza Librada Peralta Céspedes deseaba conversar conmigo en una oficina contigua al salón”.
Según el fiscal, ese mismo día le manifestó que “no podía mantener conversación alguna en ese contexto y que debía presentarse en la sede fiscal”.
El fiscal Leonardi Guerrero dijo que esa fue la única vez que él supo de una intención de conversación y que no llegó a la Fiscalía, donde incluso hay cámaras de circuito cerrado.
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“Dentro del sistema acusatorio vigente, las comunicaciones relacionadas con una investigación penal deben desarrollarse dentro de los canales correspondientes”, expresó.
Cierra el comunicado, destacando lo siguiente: “Las actuaciones de mi parte se ajustaron estrictamente a las disposiciones constitucionales”.
