La diputada Kattya González señaló que son varios los legisladores que acompañan el proyecto de ley presentado para la creación de una Comisión Nacional Interpartidaria para el estudio del Anexo C del Tratado de Itaipú y que el resultado final sobre la posición, tras un consenso, será puesto a consideración de toda la ciudadanía mediante un referéndum.
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En la renegociación, Paraguay podría disponer del 50% de la energía que le corresponde y también obtener mayores beneficios, como la posibilidad de vender la energía no utilizada a otros países.
La legisladora dijo que hay un compromiso de los diputados para recuperar Itaipú, entidad que considera está secuestrada por el Poder Ejecutivo y que no ha mostrado las cartas de cara a la renegociación, “salvo medidas cosméticas”.
“Hemos esperado el tiempo prudencial para que las cartas se muestren a la ciudadanía y ya no podemos estar ausentes de este debate y solo lanzar críticas”, remarcó la diputada, a la vez de asegurar que Itaipú es una causa nacional.
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Asimismo, explicó que la Comisión Interpartidaria contará con cuatro representantes del Poder Ejecutivo y dos representantes de cada partido y movimiento político con representación parlamentaria, además de empresarios, organizaciones campesinas, no gubernamentales, estudiantes y trabajadores para lograr un debate amplio y que muestre la hoja de ruta de cara al 2023.
Si bien el Ejecutivo ya definió el equipo negociador, la parlamentaria considera que no existe una política clara y que se está por cumplir un año del fracaso del acta bilateral con Brasil, que puso en jaque al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su vicepresidente, Hugo Velázquez.
El diputado Édgar Acosta refirió que los exponentes que van a negociar en el acuerdo estuvieron 100% a favor del acta entreguista de Itaipú. Entretanto, indicó que la idea es colaborar y que el compromiso es con la ciudadanía.
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“Itaipú es nuestro mayor tesoro y tenemos que cuidarlo, y Brasil tiene una estrategia desde hace 20 años”, aseveró.
El acta bilateral comprometió al Gobierno con supuestos negociados por detrás del acuerdo para beneficiar a una empresa brasileña, además que representaba un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Finalmente, ante la amenaza de un juicio político al Gobierno local, Brasil accedió a cancelar el acuerdo. No obstante, varios altos funcionarios se vieron obligados a renunciar y se inició una investigación penal contra los responsables directos, además del vicepresidente de la República.
