El director general de Itaipú del lado paraguayo, Ernst Bergen, designó, a través de la Determinación 0007/2020, a los representantes de la entidad que integrarán los grupos de trabajo para el equipo negociador de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
En el marco de la renegociación, la Cancillería Nacional cuenta con el apoyo de distintos grupos de trabajo para un mejor desenvolvimiento de las tareas. Dichos grupos de trabajo abarcan el área técnica, comercial, económica y jurídica.
Estos bloques pueden opinar, sugerir y recomendar las bases sobre las cuales se definirán objetivos y estrategias a ser utilizadas por el equipo negociador.
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El grupo de trabajo técnico lo conforman Luis Valdez (titular), director técnico; y Hugo Zárate (alterno), superintendente de Operación.
El equipo comercial será representado por el director financiero, Fabián Domínguez (titular), y Gerardo Blanco (alterno), integrante del Consejo de Administración de la binacional.
El director de Coordinación, Miguel Gómez (titular), y el asesor especial de la Dirección General Paraguaya, Ricardo Rodríguez Silvero (alterno), fueron designados como representantes para el grupo de trabajo económico.
Finalmente, el grupo de trabajo jurídico tendrá a la directora jurídica Iris Magnolia Mendoza Balmaceda (titular) y Jorge Gross Brown (alterno), asesor especial de la entidad.
Los representantes de la margen derecha de Itaipú Binacional, que formarán parte de los grupos de trabajos bajo la coordinación de la Cancillería Nacional, se suman al equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El equipo negociador está conformado por Luis Villordo (ANDE), Héctor Richer (Gabinete Civil de la Presidencia), Antonio Rivas (Cancillería) y Arnoldo Wiens (MOPC).
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El Gobierno actual se vio obligado a definir el equipo de cara a las negociaciones sobre Itaipú, que podría beneficiar al país con el aumento de royalties, cesión de energía o la venta de energía paraguaya.
Esto, luego de una crisis política por el acuerdo bilateral para la compra de potencia de la Itaipú, que suponía un sobrecosto de USD 250 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según argumentos técnicos.
Las principales autoridades involucradas en el caso tuvieron que renunciar y algunas están siendo investigadas por la Justicia.
