Esa policía “no tiene nada que ver con el Poder Judicial”, preciso Montazerí al hacer el anuncio en declaraciones difundidas anoche por la agencia local iraní de noticias ISNA, en lo que los analistas consideran una cesión ante el movimiento de protesta popular que registra el país desde hace tres meses.
Montazerí explicó que el Poder Judicial continuará con su supervisión respecto al comportamiento a nivel comunitario y subrayó que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante, sobre todo en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.
“El mal hiyab (velo islámico) en el país, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del Poder Judicial así como de nuestra sociedad revolucionaria, pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso y las medidas culturales anteceden a cualquier otra”, justificó Montazerí en un discurso en una reunión con clérigos en Qom.
La ciudad de Qom es el centro teológico de Irán, donde están situados los principales seminarios del país y donde visitan y estudian miles de peregrinos y seminaristas de todo el mundo.
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Irán vive protestas generalizadas desde el pasado 16 setiembre, tras la muerte bajo la custodia policial de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, que había sido arrestada precisamente por la policía de la moral por llevar supuestamente mal puesto el velo islámico.
Las protestas incluyen la reivindicación del fin de la República Islámica.
“No se trata de protesta, esto es una revolución”, “no queremos República Islámica”, “muerte al dictador”, son algunos lemas que gritan los manifestantes en protestas callejeras o por las noches desde las ventanas de sus casas y escriben en los muros de los edificios desde el pasado mes de setiembre.
Según el Consejo de Seguridad de Irán desde el comienzo de las protestas han muerto “más de 200 personas”, pero oenegés extranjeras, como Iran Human Rights, con sede en Oslo, sitúan el número de muertos en 448 por la fuerte represión policial.
Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.
