El Instituto de Previsión Social (IPS) estudia varias medidas para fortalecer las finanzas del Fondo de Salud, entre las que se destaca la creación de un mecanismo para recuperar una cartera de aportes obrero-patronales morosos que asciende a unos USD 711 millones, según informó el asesor económico de la previsional Carlos Pereira, en contacto con Monumental 1080 am.
El planteamiento forma parte de las modificaciones que la institución busca incorporar al proyecto de ley de emergencia del IPS que actualmente analiza en la Cámara de Senadores, con el objetivo de dotar a la previsional de herramientas extraordinarias para enfrentar su delicada situación financiera.
Pereira explicó que la mayor parte de esa cartera ya se encuentra judicializada, por lo que considera que el esquema actual prácticamente imposibilita el recupero de esos recursos.
“Nosotros necesitamos en este momento arbitrar mecanismos financieros y legales para poder pretender recuperar de alguna manera esas imposiciones de dinero que son demasiado importantes para la institución”, sostuvo.
Fiducia para administrar el cobro. La principal propuesta consiste en estructurar una fiducia de cobranza que administre la recuperación de las deudas acumuladas por empresas morosas.
Según explicó, muchas de las firmas deudoras enfrentan inhibiciones judiciales y no tienen acceso al crédito, situación que dificulta que puedan regularizar sus obligaciones con el IPS.
“Una empresa fallida, inhibida y sin acceso al crédito difícilmente pueda pagarle al IPS”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la intención es combinar herramientas financieras y legales que permitan reactivar parte de esas empresas y generar condiciones para que puedan cancelar sus deudas con la previsional.
Incluso mencionó la posibilidad de que algunas compañías vuelvan a operar mediante contratos con el propio IPS y financiamiento de la banca pública, de modo que puedan recuperar su actividad económica y destinar parte de esos ingresos al pago de sus obligaciones.
Otras alternativas para fortalecer el Fondo de Salud. Pereira indicó que el paquete también contempla otras medidas para mejorar la sostenibilidad financiera del Fondo de Salud.
Entre ellas figura la propuesta de cancelar parte de la deuda histórica del Estado con el IPS mediante la dación en pago de hospitales actualmente utilizados por el Ministerio de Salud.
Explicó que esos inmuebles podrían permanecer bajo administración de la cartera sanitaria mediante un canon o arrendamiento, generando ingresos permanentes para el Fondo de Salud.
Asimismo, reiteró que el Ministerio de Economía ya manifestó que actualmente no existe espacio fiscal para emitir bonos destinados a cancelar esa deuda histórica.
Refinanciación para liberar recursos. El asesor económico señaló además que la previsional ya concluyó las negociaciones con entidades financieras para reprogramar vencimientos de deuda que debían afrontarse entre julio y diciembre de este año.
De acuerdo con Pereira, esta operación permitirá liberar alrededor de G. 500.000 millones durante el segundo semestre, recursos que serán destinados principalmente a garantizar el abastecimiento de medicamentos.
Indicó que el objetivo es asegurar la provisión de los 513 medicamentos que integran el listado básico del IPS.
Cambios en los amparos para acceder a medicamentos
Otros de los puntos que también se plantea es incorporar procedimientos para las acciones de amparo relacionadas con medicamentos de alto costo.
Pereira sostuvo que la intención no es limitar ese derecho constitucional, sino establecer un proceso de evaluación técnica que acompañe las solicitudes judiciales con informes sobre la necesidad médica, la eficacia del tratamiento, las alternativas disponibles y la disponibilidad presupuestaria.
Según indicó, esto permitiría mejorar la trazabilidad de los casos y reducir el impacto que las compras no previstas generan sobre el presupuesto. “Eso llevaba el 80 por ciento del presupuesto y quedaba el 20 por ciento para distribuir en el vademécum, que ya es absolutamente insuficiente”, afirmó.
Previsional insiste en una reunión con Superintendencia
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió ayer reiterar formalmente el pedido de una reunión con la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, en busca de definiciones claras sobre los criterios regulatorios que debe aplicar la previsional en materia de inversiones.
La iniciativa fue planteada nuevamente por la consejera Bettina Albetini, quien recordó que el IPS ya remitió consultas por escrito al ente regulador, pero sostuvo que todavía no existe una postura definitiva respecto a las respuestas enviadas por la institución.
Según se expuso durante la sesión, el objetivo de la reunión es establecer una mesa de trabajo que permita definir parámetros y lineamientos claros para el manejo de las inversiones del IPS, en momentos en que ambas instituciones mantienen diferencias de interpretación sobre algunos aspectos regulatorios.
En ese sentido, se recordó que la Superintendencia cuenta con su propio órgano de gobierno, presidido por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, por lo que la solicitud de audiencia podría canalizarse formalmente a través de esa instancia para coordinar un encuentro con las autoridades y el equipo técnico.
Como resultado del debate, el Consejo instruyó al gabinete de Presidencia del IPS a remitir una nueva nota institucional reiterando el pedido de reunión.
Discusión por interpretación. Para la Superintendencia, la previsional ya supera el tope del 55% permitido para inversiones en instrumentos emitidos o garantizados por bancos, por lo que actualmente no puede realizar nuevas colocaciones en el sistema financiero.
Por esa razón, la respuesta del ente regulador resulta clave para que la previsional pueda definir si deberá reestructurar parte de su cartera o qué alternativas tendrá para seguir administrando sus recursos.
Consejo demora adjudicación de inmueble de Asunción
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió postergar la adjudicación del arrendamiento con inversión de un inmueble ubicado en las calles Jordania y Bernardino Caballero, de la ciudad de Asunción debido a diferencias técnicas sobre la valoración de la propiedad y las condiciones establecidas en el reglamento vigente.
Se trata de la segunda convocatoria realizada para este edificio, luego de que el primer llamado fuera declarado desierto por falta de interesados. En esta ocasión se presentó un único oferente, cuya propuesta fue considerada económicamente conveniente por el comité evaluador.
Durante la sesión, los técnicos señalaron que el edificio se encuentra en un avanzado estado de deterioro y requiere una importante inversión para su recuperación, por lo que recomendaron avanzar con la adjudicación. Sin embargo, el Consejo decidió dejar el expediente pendiente hasta contar con un dictamen de la Dirección Jurídica, previsto para la próxima semana.
El principal punto de discusión gira en torno al período de gracia solicitado por el oferente. El reglamento de arrendamientos del IPS establece que este beneficio solo puede otorgarse cuando la inversión comprometida representa al menos el 40% del valor del inmueble.
Según los informes, la inversión propuesta equivale apenas al 18% si se toma como referencia el valor de mercado de la propiedad. No obstante, ese porcentaje asciende al 82% cuando el cálculo se realiza sobre el valor contable registrado por la institución.
Durante el análisis, varios consejeros coincidieron en que las actuales condiciones del reglamento podrían estar desalentando la participación de potenciales inversionistas.
En ese sentido, se planteó revisar las normas que regulan los arrendamientos con inversión para dotarlas de mayor flexibilidad, considerando que el IPS no dispone de recursos para realizar el mantenimiento de los inmuebles.
