El desarrollo económico y social del Paraguay se encuentra ante una encrucijada debido a una histórica falta de inversión estatal y a las preocupantes trabas burocráticas que ralentizan drásticamente el avance de las obras públicas., las cuales registran un déficit histórico.
Según el análisis de referentes económicos, el país enfrenta un rezago que amenaza con estancar definitivamente su competitividad a nivel regional. En este contexto complejo, el economista Sergio Sapena advierte sobre el severo déficit físico y financiero que arrastra históricamente nuestro país.
El profesional indica que, “según organismos internacionales tiene un atraso de USD 30.000 millones, con brechas demasiado importantes en rutas, logística, energía, saneamiento, transporte público, educación, salud, vivienda y seguridad”.
A nivel continental, las comparaciones estadísticas resultan sumamente desfavorables para nuestro país y evidencian un marcado rezago operativo. Sapena recuerda que, mientras las fuentes disponibles en la materia, tales como el Banco Mundial o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indican con claridad que otras naciones de la región invierten anualmente entre el 6 y el 7% de su producto interno bruto, Paraguay se encuentra estancado por debajo del 4% para todos los indicadores de infraestructura citados.
Esta baja inversión pública no solo afecta la calidad de los servicios diarios que recibe la ciudadanía paraguaya, sino que también frena de manera directa el esfuerzo del sector privado, limitando severamente la productividad y la competitividad general de nuestra economía, señala.
El efecto multiplicador de las grandes obras. Como explica Sapena “en economía se considera que la relación entre la inversión pública y privada es de 1 a 5, es decir, por cada USD 1.000 millones de inversión pública se acompaña con USD 5.000 millones en inversión privada”.
Para ilustrar este impacto económico a nivel local, el profesional indica que si se asfalta una ruta interna que une dos rutas importantes y se invierten USD 30 millones por 60 kilómetros de ruta, en un periodo de 5 a 15 años la inversión privada generada en comercios, negocios, hotelería, estaciones de servicios, fábricas y viviendas podría superar tranquilamente los USD 150 millones.
El profesional indica que, según la economía, “la inversión pública no debe considerarse un ‘gasto’ por más que forma parte del gasto público, sino una ‘obligación’”.
El falso dilema del financiamiento y las reglas. Desde una perspectiva macroeconómica más amplia, el actual estancamiento en el avance del desarrollo físico del país también obedece a la imposición de políticas altamente restrictivas, según el economista. Sapena, afirma que “existe una equivocada interpretación del financiamiento del gobierno, porque hace años que sostienen que la recaudación financia el gasto público, restringiendo así la emisión del Banco Central que es la única fuente real de financiamiento”.
Explica que el argumento tradicional de ciertos sectores supone que una mayor emisión monetaria sin una proyección segura de ingresos puede crear una incontrolable inflación en el mercado local. No obstante, el especialista rebate frontalmente esta idea afirmando que, según la economía, “siempre si la emisión financia la inversión pública, esa emisión es absorbida por la expansión económica y no genera ninguna inflación”.
Este fenómeno macroeconómico puede comprobarse plenamente al observar el funcionamiento de países cuyas emisiones superan el 100% de su producto interno bruto, pero logran mantener inflaciones menores 2%, como Singapur, Japón, Alemania o China. Para Sapena, es urgente dar un golpe de timón, “modificando las reglas del FMI que desde el 2001 rigen nuestra política económica y nos han creado este gran cuello de botella y gran congestión para el desarrollo”.
La barrera burocrática de la lenta ejecución. A esta deficiencia estructural en la visión y la planificación macroeconómica del país se le suma hoy un problema coyuntural. La preocupante incapacidad de las instituciones del Estado para ejecutar con la debida celeridad el presupuesto.
El ingeniero José Luis Heisecke, actual presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), expuso la realidad financiera y operativa que viven a diario las empresas contratistas del Estado.
Según los datos de la Capaco, si se analiza todo el rubro de construcciones del Presupuesto General de la Nación, hasta el 5 de agosto del presente año la ejecución alcanzaba solamente un ínfimo 34,5 %, lo que equivale a USD 442 millones sobre un presupuesto total disponible de USD 1.281 millones.
Este bajo y alarmante nivel de desembolso gubernamental revela estadísticamente que aún quedaban por ejecutar unos USD 840 millones en aquel momento del corte del análisis.
“Para cumplir con el presupuesto vigente, ese ritmo tendría que aumentar aproximadamente 2,7 veces”, advirtió con enorme preocupación el ingeniero Heisecke, evidenciando el retraso.
MAYOR DINAMISMO y desembolsos. El dirigente empresarial reconoció, no obstante, que existe ciertamente un mayor dinamismo focalizado en la Administración Central, institución que hasta esa misma fecha había logrado ejecutar el 51,7 por ciento de su presupuesto destinado para obras públicas, lo cual representa unos USD 359 millones desembolsados.
El presidente de una de las principales agrupaciones de empresas de la construcción, afirma que “la infraestructura debe ser una política de Estado. Paraguay necesita planificación, continuidad de las inversiones y una ejecución eficiente que trascienda los periodos de Gobierno”.
- 30.000 millones de dólares es el déficit de inversión en infraestructura que registra el país.
Peligroso riesgo de desaprovechar las ventajas competitivas del país
Sergio Sapena recuerda que el Paraguay ostenta ventas y ventajas formidables desde el punto de vista económico, tales como la energía eléctrica, la producción agropecuaria, la ubicación en el Mercosur, el acceso a la Hidrovía Paraguay-Paraná y una población joven.
A pesar de todo este innegable potencial productivo, estas ventajas únicas no se están pudiendo aprovechar en su total y debida magnitud por culpa de la crónica falta de infraestructura de calidad.
El profesional indica que si la infraestructura del Paraguay en los indicadores de servicios públicos no aumenta en el corto plazo, el escenario se volverá mucho más sombrío.
Advierte concretamente sobre un inminente “aumento de costos logísticos; pérdida de competitividad exportadora; congestión urbana; restricciones energéticas; menor inversión industrial; menor productividad; pérdida de oportunidades de integración regional; menor capacidad para atraer inversión extranjera”.
Mirando de cara a los próximos meses y al futuro presupuestario del país, las previsiones gubernamentales para el venidero año 2027 generan mucha cautela entre todos los inversionistas.
Por su parte, Heisecke reflexiona que Paraguay puede tener en los papeles una asignación sumamente significativa, “pero si las licitaciones se retrasan, los contratos no avanzan, los recursos no están disponibles o las obras ejecutadas no se pagan en tiempo y forma, el impacto real sobre el sector será limitado”.
Para poder dinamizar verdaderamente a todo este estratégico sector económico, el país entero necesita asegurar y garantizar plenamente la continuidad de los proyectos viales, proporcionar una férrea seguridad jurídica a los inversores, otorgar previsibilidad presupuestaria y, sobre todo, honrar el fiel cumplimiento de los contratos firmados por el Estado.
Duro golpe a la cadena de pagos y al empleo formal
Los referentes del sector de la construcción valoran la apertura al diálogo mostrada por las instituciones del Estado. No obstante, señalan que todavía necesitan una mayor previsibilidad financiera de cara a los próximos meses.
Indican que las compañías empleadoras del país deben saber con total claridad y exactitud cuándo lograrán cobrar los certificados correspondientes a las obras públicas que ya han sido debidamente ejecutadas y entregadas.
Cuando los compromisos asumidos por el Gobierno se retrasan en el tiempo, las constructoras deben recurrir inevitablemente a la búsqueda de financiamiento en el sector privado para poder sostener sus frentes de trabajo, pagar a tiempo los salarios, adquirir materiales y cumplir con sus proveedores.
“Esto encarece las obras, afecta la liquidez de las empresas y debilita toda la cadena de pagos”, lamentó Heisecke, titular del gremio constructor paraguayo.
El impacto social de esta crisis administrativa es inmensamente profundo, tomando en cuenta que la industria de la construcción constituye uno de los principales motores históricos de generación de empleo formal y digno en la República, según lo expresado.
Durante el segundo trimestre del corriente año 2026, el rubro de la construcción logró emplear a más de 262.000 personas trabajadoras a lo largo de todo el territorio nacional, experimentando un muy positivo crecimiento interanual del 9,1%.
Sin embargo, aunque se registró estadísticamente un importante aumento en la cantidad total de personas empleadas en la construcción, de manera paralela y preocupante la productividad laboral sufrió una fuerte caída interanual del 6%.
Este fenómeno económico y laboral es explicado por el hecho de que la cantidad de trabajadores contratados creció a un ritmo ampliamente superior al ritmo de la producción de obras reales en el terreno.
