A Kattya González –diputada por el Partido Encuentro Nacional y senadora electa por Alianza Encuentro Nacional– se la ve en una “representación de denuncia” lavando un trapo rojo con jabón de coco en un pequeño recipiente de plástico en plena sesión del Congreso Nacional.
Un hombre derrama poco a poco el agua desde una botella de plástico. Kattya exprime el trapo colorado y dice: “es rojo porque acá la situación es rojo”.
Kattya González representa teatralmente –durante sus intervenciones en el Congreso Nacional– los hechos de corrupción que imperan en las instituciones estatales.
En este caso, emuló el lavado de la ropa y lo comparó cómo el doctor Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) y los consejeros, supuestamente, se lavan las manos con relación a las megalicitaciones que se denuncian constantemente en los medios masivos de comunicación.
“Poncio Pilato y Barrabás hay en todas partes, y sobre todo en IPS. En el país de las maravillas, quieren lavar ropa por USD 67 millones, mientras los pacientes duermen en los pasillos y los parientes esperan durmiendo frente al hospital”, dijo en su intervención como una manera de poner bajo la lupa una de las tantas intenciones de tercerización.
Especialmente, se refirió en la sesión del pasado 7 de junio a la megalicitación para lavado y planchado por 67 millones de dólares, que está actualmente suspendida mediante un amparo promovido por Sergio Lovera Cañete, sindicalista y funcionario del IPS, y José Duarte, jubilado.
El IPS, en plena transición de gobierno, pretendía adjudicar el servicio millonario por un plazo de 10 años, incluso pese a contar con un Servicio de Lavandería y máquinas, y funcionarios contratados.
La dramatización de la diputada Kattya sobre esta licitación, podría decirse, es solo la punta del iceberg de la serie de denuncias de supuestos negociados que imperan en esta gestión de la previsional, que pese a las críticas, a las denuncias penales y a la intervención de la Contraloría General de la República siempre está intentando persistir con las tercerizaciones.
No solo están bajo la lupa la licitación de lavado y planchado, sino que también persisten otros llamados que, pese a sus montos bajos, son sospechosos, como el caso de la licitación para la compra de mosquiteros, cuando están en descenso los casos de arbovirosis.
Entre otros casos que se suman al amplio sumario de la previsional se encuentran las denuncias de supuesto derroche de combustible, las deudas con los proveedores, las licitaciones supuestamente direccionadas, como el caso de la limpieza. Y, el más preocupante de todo, el uso de las reservas de rentas generadas y las técnicas desde el 2020 para cubrir las deficiencias del Fondo de Jubilaciones.
Y no solo eso, pero en los pasillos de emergencias del Hospital Central pareciera que estamos aún en pandemia, con las camillas atestadas una al lado de otra o incluso con pacientes internados en sillas.
En IPS pareciera que es innegociable implementar estrategias para la provisión eficiente de medicamentos e insumos, una agenda accesible para las citas médicas, un call center eficiente las 24 horas o que simplemente se garantice el acceso del derecho a la salud.
Pero, en cambio, el aire que se impregna en el enrarecido ambiente de la transición de mando es que todo es negociable en las arcas de la previsional.
