El abogado colombiano Francisco Bernate, que representa legalmente a la familia Pecci en Colombia, afirmó que Estados Unidos es un país que cuenta con la más alta tecnología en materia de investigación y sostuvo que, eventualmente, podrá ayudar a resolver el crimen del fiscal Marcelo Pecci.
En comunicación con radio Monumental 1080 AM, el abogado indicó que Pecci pudo haber tenido a su cargo investigaciones del interés de EEUU y esas investigaciones pudieron ser el motivo por el cual fue asesinado en una playa de Cartagena, Colombia, en mayo de 2022.
Igualmente, dijo que sí es posible que Estados Unidos consiga la extradición de los sicarios condenados.
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“Si se determina que los móviles del asesinato tienen que ver con investigaciones relevantes para Estados Unidos, es posible la extradición”, enfatizó e indicó que Pecci era uno de los fiscales más importantes de todo el continente.
“Es la última esperanza”
Por otro lado, le consultaron si la intervención de investigadores estadounidense podría revelar elementos nuevos y respondió que el involucramiento de dicho país “es la última esperanza” de que se sepa quién fue el mandante del crimen del fiscal paraguayo.
Más temprano, en diálogo con radio Chaco Boreal 1330 AM, expuso que este lunes se enteraron de que había una delegación de la Administración de Control de Drogas (DEA) que llegó a Colombia.
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“Ellos no solo podrían tener el conocimiento respecto a quién dio la orden, sino también del por qué se dio la orden”, recalcó.
También, indicó que Francisco Correa Galeano, uno de los sospechosos del crimen, está obligado a declarar porque tiene un compromiso de colaborar en cualquier investigación que tenga que ver con estos hechos.
Para el Ministerio Público colombiano, Correa Galeano es uno de los articuladores del asesinato y había sido acusado por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y amenazas.
Colombia condenó a principales autores materiales
Colombia ya procesó y condenó a los principales autores materiales del crimen de Pecci.
Entre los involucrados están los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que fueron sentenciados a 306,9 meses de prisión (25 años y 6 meses), por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal.
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A 23 años y 6 meses fueron condenados Wendre Still Scott Carrillo, venezolano, el sicario que efectuó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, conductor de los asesinos; y Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), quienes se encargaron de hacer el seguimiento.
Mientras que a 39 años de cárcel, Margareth Liseth Chacón Zúñiga, que para los investigadores prestó su vehículo para el transporte de las armas con las que se cometió el crimen y actuó en la coordinación de la logística del atentado.
