El comisario Juan Frentes, de la Interpol, informó a NPY que, a pedido del Juzgado Especializado, se activó en junio de este año la notificación roja, por lo que se montó vigilancia en la ciudad de Itá y se logró su detención.
Entre las firmas detectadas en su momento por la entonces Secretaría de Estado de Tributación (SET), resaltaba una empresa unipersonal a nombre de Cristino Jara.
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En ese sentido, indicó que se entiende que dentro de la operativa que se realizaba el hombre, tenía una supuesta empresa familiar y realizaba la emisión de las supuestas facturas a municipios y gobernaciones. El mismo se expone a una condena de 2 años de pena privativa carcelaria.
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“No nos queda clara la cuestión de qué vendía el hombre a los municipios y gobernaciones, pero se sigue investigando”, recalcó.
La Fiscalía tenía una investigación abierta desde el 2022 por una supuesta producción de documentos no auténticos y otros.
El hombre figuraba como propietario de la firma Consultora San Miguel, que logró ganar casi 300 contratos en varias licitaciones públicas y utilizaba aparentemente facturas falsas. También se presume que los trabajos nunca se hicieron a los municipios y solo cobraba por emitir las facturas.
El hombre, sin embargo, residía en una modesta vivienda, hecho que llama la atención de los investigadores. Se cree que operaba con otras personas.
