Un debate de más de una hora se centró en la exclusión de un artículo que buscaba ratificar la potestad de la Junta para administrar su propio personal, un movimiento que el concejal Arturo Almirón (ANR-disidente), presidente de la Junta, calificó como una entrega de soberanía ante la Intendencia.
Ediles oficialistas como Miguel Sosa (ANR-HC) y Nasser Esgaib (ANR-HC) defendieron la exclusión del artículo asegurando que la Ley Orgánica Municipal ya le da potestades intransferibles a la Junta Municipal, y que no es necesario remarcarlas a la hora de reglamentar la Ley del Servicio Civil.
Almirón, quien fue el que cuestionó dicha petición con mayor ímpetu, señaló que al excluir el artículo, la Junta prácticamente pierde fuerza en su papel de contralor. "¿De qué nos sirve estar como concejales?”, cuestionó.
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Añadió asimismo que la Intendencia estaría direccionando la aprobación de los dictámenes bajo amenazas. “Ya es momento de que la Junta tenga poder de decisión y no que estén (desde la Intendencia) con el garrote de decir ‘No, quiero que me apruebes esto o te quito esto’, basta ya”, expresó.
Durante el debate, la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) elevó el tono de las acusaciones al vincular el tratamiento de esta ley con sospechas de corrupción y clientelismo electoral dentro de la Junta Municipal. Rolón significó que se estarían utilizando beneficios económicos para coaccionar a los trabajadores en el marco de las internas partidarias.
“Ya sentimos el abuso de algunos colegas que se aprovechan de la necesidad de los funcionarios ofreciéndoles algún dinero extra”, aseguró. En su alocución, criticó a los concejales oficialistas de Honor Colorado pidiéndoles que no abusaran de su posición de poder. También lamentó que, tras la salida del anterior intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, persistieran las prácticas irregulares.
“Le hemos sacado al anterior intendente, pero tenemos los mismos vicios del autoritarismo y el abuso del poder”, declaró.
En un momento de la discusión, el asesor jurídico de Almirón, Rubén Artaza, fue invitado a la sala de sesiones para brindar una aclaración técnica sobre la legalidad de las atribuciones de la Junta en el marco de la reglamentación de la referida ley. Explicó que el polémico artículo 2 se basa en el “principio de legalidad” y en el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal.
Según Artaza, este artículo otorga específicamente a la presidencia de la Junta la potestad de designar, nombrar, trasladar y sancionar a los funcionarios que corresponden a la Junta Municipal.
Argumentó que en el derecho público rige el principio por el cual “todos los actos deben estar expresamente permitidos en una norma”. Por ello, consideró importante la inclusión del articulado que los oficialistas querían suprimir, como una cuestión de carácter formal para determinar claramente la norma, a pesar de que la Ley Orgánica ya lo expresa.
“Un teatro” en plena etapa electoral
La falta de autonomía y el trasfondo de las peleas internas fueron calificadas por el concejal liberal Félix Ayala como una “interna colorada”. El edil aseguró a Última Hora que la discusión en torno al articulado de la homologación fue un “teatro” motivado exclusivamente por intereses electorales y no por cuestiones técnicas.
Ayala recordó que en el periodo en que Nenecho Rodríguez era presidente de la Junta (2018-2019), hubo un quiebre de la independencia de la Junta.
“Teníamos nuestra propia autonomía y administración hasta que asumió Bachi Núñez, que le jodió (a Nenecho)”, recordó.
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Sostuvo que por causa de Núñez se implementó una ley que afectó la autonomía de la Junta Municipal al cercenar sus facultades administrativas y de gestión propia, las cuales el cuerpo legislativo mantenía desde el año 1975, según el edil.
Ayala sugirió que a la salida de Mario Ferreiro, se habrían modificado las facultades de la Junta para favorecer a la Intendencia, ya que las decisiones administrativas y de personal pasaron a depender de la misma.
Desde su perspectiva, el debate actual sobre el reglamento fue una “cortina de humo” en la que los distintos bandos colorados midieron fuerzas. Señaló que pese a la reglamentación de la Ley del Servicio Civil, los colorados “van a seguir metiendo funcionarios en el gobierno central, en los municipios van a seguir repartiendo de acuerdo al color y a los acuerdos, no cambia nada”.
El articulado tan discutido finalmente fue eliminado y la homologación se realizó conforme a los pedidos de los oficialistas.
