La Municipalidad de R.I. 3 Corrales, del Departamento de Caaguazú, emitió un comunicado sobre la funcionaria Anadelia Acosta Armoa, comisionada por la Cámara de Diputados, quien fue imputada por la apropiación de G. 725 millones en concepto de las indemnizaciones para familias humildes.
En el escueto pronunciamiento, indicaron que Acosta Armoa se desempeñó en la Secretaría de la Mujer, cuyas funciones las cumplió con “cabalidad y responsabilidad”.
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No obstante, en el mismo comunicado, el intendente Víctor Nardelli (ANR – Honor Colorado) deslindó “toda responsabilidad por cualquier acto que ella haya cometido en forma particular y que esté fuera del ámbito de la institución municipal”.
“Cada individuo es responsable de sus propios actos”, remarcó.
Tras el escandaloso caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dispuso la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria y cesó su comisionamiento en la comuna.
Anadelia Acosta Armoa fue nombrada por el actual vicepresidente Pedro Alliana, cuando se desempeñaba como titular de la Cámara Baja en el periodo anterior.
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Ante las consultas sobre si el nombramiento fue a pedido del diputado Miguel del Puerto, también de Honor Colorado, Latorre respondió que desconocía quién fue el solicitante.
Miguel del Puerto y Víctor Nardelli pertenecen a la misma zona y sector político, trabajaron juntos en la campaña por Honor Colorado, de acuerdo con las publicaciones en las redes sociales.
En la víspera, Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta fueron imputados por apropiación, estafa y lesión de confianza en la causa del presunto desvío de G. 800 millones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concedió, en concepto de indemnización, a dos familias que perdieron a sus seres queridos en un accidente laboral.
