La funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Armoa y su pareja, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas de apropiación en Caaguazú. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
“Ayer (martes), en hora de la tarde, hemos llegado a un total de acuerdo con las dos familias en relación al hecho sucedido; hoy estaríamos presentando ya eso como primer paso fundamental para este procedimiento”, explicó a radio Monumental 1080 el abogado Marcial Ayala, que representa legalmente a la funcionaria.
Los sospechosos, según la investigación fiscal, se habrían alzado con G. 725 millones de los G. 800 millones que la ANDE concedió en concepto de indemnizaciones a familiares de dos funcionarios que fueron víctimas de electrocución cuando se encontraban trabajando. Por lo que no se trata de una devolución de la totalidad.
Nota relacionada: Dos obreros mueren electrocutados al caerles un cable de baja tensión de la ANDE
Sobre el saldo faltante, el abogado defensor dijo que hay algunas cosas que “por cuestiones procesales” no quiere comentar.
La emisora radial también se contactó con la fiscala Norma Salinas, encargada de investigar el caso, quien aseguró que la investigación seguirá su curso, a pesar de este acuerdo. “Hay varios elementos sueltos todavía, por ejemplo, el escribano que dijo que no realizó la escritura, el contenido de este documento, los que habilitaron el pago”, explicó.
Reparación
El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.
Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, los afectados Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte en concepto de indemnización a través de los expedientes.
Siga leyendo: Fiscala explica cómo se ejecutó el fraude con la millonaria indemnización de la ANDE
Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la estatal emitió los cheques N° F00619874 y N° F00619886, con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones cada uno.
Con una carta poder para asuntos judiciales y administrativos, Flores Mendoza y Acosta Armoa retiraron los cheques en representación de los beneficiarios, pero no estaban facultados a cobrar el dinero.
El Ministerio Público considera víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco; y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera, funcionarios de la entidad estatal, quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.
Imputados
El 2 de octubre, el Ministerio Público, en conocimiento del hecho, requirió informes al Banco Nacional de Fomento (BNF); así se tomó conocimiento de que en fechas 11 y 26 de setiembre se efectivizaron los cheques.
Lea más: Abogado de la ANDE culpa al BNF por cobro “absolutamente ilegal” de indemnización
El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el Banco Nacional de Fomento, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques.
El Ministerio Público imputó el martes a Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
