El intendente electo, Hilario Adorno (ANR), con un proceso judicial encima por presunta lesión de confianza, abrió una oficina paralela en un polideportivo. Desde allí pone trabas a todas las decisiones que toma el intendente interino, Claudio Martínez, elegido por una mayoría de concejales de la Junta Municipal.
Adorno está a las puertas de afrontar un juicio oral y público. Sobre él pesa una medida judicial de alejamiento de la sede municipal de 500 metros, dispuesto por el juez anticorrupción Rodrigo Estigarribia.
En este contexto, los concejales –invocando la ley orgánica municipal, en su artículo 53 que menciona sobre la inhabilidad del titular del Ejecutivo– determinaron que el presidente de la Junta, Claudio Martínez, ocupe el cargo de Adorno mientras dure el proceso judicial.
Martínez ya realizó un corte administrativo, emitió varios comunicados y resoluciones como en calidad de interino en ejercicio; incluso, participó de reuniones importantes autoridades de la zona.
Sin embargo, sus decisiones siguen siendo rebatidas por Adorno, que no da derecho a admisión a las resoluciones y comunicados, desde una oficina provisoria que abrió en el coliseo deportivo. De ahí sigue ordenando tareas en la población con operarios a su cargo, incluyendo maquinarias.
Adorno comunicó a los pobladores que el interino no tiene atribuciones para decidir sobre el pago de tasas, etc.
Mientras, los casadeños observa con desasosiego este escenario de disputa visceral que les toca; en virtud a que el conflicto prolonga la incertidumbre y parálisis de las funciones municipales.
