Una tercera víctima presentó su denuncia el 22 de octubre pasado ante la Fiscalía zonal de Carapeguá, del Departamento de Paraguarí, contra el intendente de Acahay, Aldo Eustacio Lezcano; su hijo, Rubén Darío Lezcano Génez; y el administrador de la comuna, Manuel Esteban Petre.
A diferencia de los dos casos anteriores de coacción sexual y violación de dos ex funcionarias, el atenuante de este tercer caso es que existen dos supuestos victimarios más –a parte del jefe comunal– que habrían sometido sistemáticamente a la víctima.
De acuerdo con la denuncia, la ex funcionaria era amenazada permanentemente con perder su trabajo o no conseguir un puesto en otro rubro si hablaba.
Se desempeñó en la Municipalidad de Acahay desde noviembre de 2021 hasta junio de 2024 y desde un principio fue acosada sexualmente por el intendente Aldo Eustacio Lezcano, alegó en el escrito la denunciante.
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El representante legal de la víctima, el abogado Derlis Vera, indicó a Última Hora que su cliente renunció y tras haberse apartado de sus funciones, la obligaron a firmar documentos cuyos contenidos no le dieron a conocer, y nunca le entregaron copias por más que ella las exigió.
A raíz de este hecho, la ex funcionaria presentó una denuncia hace aproximadamente cuatro meses ante la Unidad Fiscal de Paraguarí, donde no entró en detalles acerca de las vejaciones sexuales que sufrió.
La semana pasada se animó a presentar una denuncia penal –a la cual accedió el medio– de 17 páginas, que detalla por fecha cada una de las ocasiones en las fue sometida por sus victimarios.
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Se habla del presunto acoso sexual permanente, maltrato laboral ante contribuyentes y compañeros, y violación sistemática, al menos en seis oportunidades por parte del intendente; tres del hijo del jefe comunal; y varias ocasiones –sin especificar–, del administrador.
El abogado Vega señaló que su cliente se encuentra recibiendo asistencia psicológica y que tras presentar mejorías en su tratamiento, se animó a presentar la denuncia por coacción sexual y violación, acoso sexual, coacción y coacción grave. No obstante, sigue con temor de buscar trabajo.
Durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria, la víctima cumplió funciones en diferentes puestos, como encargada y otros como asistente, en los que le exigían terminar sus obligaciones en el día, lo que implicaba hacer horas extras, momentos que eran supuestamente aprovechados por los presuntos victimarios para los actos sexuales.
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El fiscal Alcides Espínola se encuentra a cargo de la investigación del caso y ya citó a la denunciante a una audiencia testifical para el próximo miércoles 6 de noviembre.
Sin embargo, el representante legal consideró que se debe realizar el trámite de urgencia para brindar la protección pertinente a la víctima.
Aldo Eustacio Lezcano cuenta con una imputación por la primera denuncia en su contra, que formuló el mismo representante del Ministerio Público que ahora lleva el caso. En ese entonces, se había solicitado su prisión preventiva.
Abogado de intendente cuestionó imputación
Óscar Tuma es el representante legal del intendente Lezcano y tras la imputación había lanzado cuestionamientos contra el fiscal del caso, porque era interino.
“La causa tiene una fiscala a cargo, y cuando tiene permiso, lo que hace el interino es continuar con diligencias previas. Acá existió una imputación por el hecho de coacción solamente basada en el testimonio de la supuesta víctima”, había manifestado a radio Chaco Boreal 1330 en junio de este año.
Tuma dijo que iba a solicitar la nulidad de la imputación, ya que tenía la sospecha de que el fiscal Espínola actuó con fines políticos.
“Para nosotros es muy irregular y sospechoso lo del fiscal Alcides Espínola. Es irregular porque cuando hay situaciones así, están los pescadores de río revuelto que van a pedir el cargo del intendente para que otro suba a administrar la municipalidad”, expresó en ese entonces.
