El Estado brasileño y la margen izquierda de la Itaipú Binacional dieron un paso histórico al reconocer oficialmente las violaciones de derechos humanos sufridas por el pueblo Ava Guaraní durante la construcción de la represa hidroeléctrica entre 1970 y 1980.
En un hecho sin precedentes, las instituciones señaladas presentaron ayer un pedido formal de disculpas y asumieron compromisos concretos de reparación, señala un informe revelado por la entidad Binacional, margen izquierda.
El pronunciamiento forma parte de un acuerdo homologado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El documento reconoce los profundos impactos que la obra de Itaipú provocó en esas comunidades del oeste de Paraná, que fueron desplazadas, perdieron territorios sagrados y vieron alteradas sus formas de vida, organización social y cultura ancestral.
En el texto, la Unión, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Itaipú admiten que “la formación del embalse y la expropiación de los territorios desestructuraron las formas de vida, subsistencia y organización social de las comunidades, ocasionando graves impactos sociales, económicos y culturales”.
Las instituciones piden disculpas por las violaciones cometidas y se comprometen a impulsar acciones de reparación integral, memoria histórica y garantías de no repetición.
Como parte de ese proceso, Itaipú destinará 240 millones reales a la compra de 3.000 hectáreas para el reasentamiento de familias Ava Guaraní. Hasta ahora se adquirieron dos propiedades, que totalizan 220 hectáreas, donde ya fueron reasentadas unas 100 familias desplazadas de zonas en conflicto.
El director jurídico de Itaipú, Luiz Fernando Delazari, definió el pedido de disculpas como “el reconocimiento de una deuda histórica con los pueblos originarios, que fueron los primeros en llegar y los que menos recibieron tras la creación del lago”, dijo. EM
