El documento de 350 páginas denominado Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay, enviado desde el Gafilat, otorga diferentes calificaciones en los 11 ítems en los que se evaluó al país.
Según el informe, Paraguay mejoró notoriamente el marco legal para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con el nivel de efectividad y cumplimiento técnico.
Las calificaciones asignadas son de efectividad, moderada, sustancial y baja. De los capítulos evaluados, el único ítem que cuenta con calificación baja es en lo que respecta a investigación, procesamiento y condena.
Los otros puntos evaluados son: políticas nacionales y coordinación, sistema legal y problemas operativos, financiamiento del terrorismo, medidas preventivas, supervisión, personas y estructuras jurídicas, cooperación internacional, proliferación de armas de destrucción masiva, aplicación de sanciones financieras, comiso de bienes.
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En las recomendaciones emitidas respecto al capítulo “Investigación, procesamiento y condena”, el documento indica que Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del lavado de activos, “pero el número de investigaciones realizadas sobre el lavado de dinero como delito autónomo, en general, ha sido bajo”.
Asimismo, se indica que en el periodo comprendido entre julio del 2015 y julio del 2021, se dictaron 28 sentencias de lavado de activos.
Además, se señala que se llevaron a cabo investigaciones por los delitos precedentes de lavado de activos; sin embargo, el número de investigaciones no parece reflejar dicho resultado.
Por otro lado, se critica que no se implementaron acciones establecidas en el manual instructivo para impulsar investigaciones financieras paralelas, ante casos de delitos precedentes de lavado de dinero.
Gafilat también menciona que en el país existen varias técnicas de investigación de lavado de activos, pero las operaciones encubiertas solo pueden practicarse cuando estuvieran relacionadas con el narcotráfico.
Por su parte, se cuestiona que las entregas controladas solo se pueden realizar en caso de crimen organizado, delitos complejos, lo que limita las capacidades de las autoridades competentes para la investigación y condena en lo que se refiere al lavado de activos.
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Solo 28 condenas tras 784 informes de inteligencia
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, ya había adelantado que las principales observaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica denotan la necesidad de mejorar el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Tras entregar el documento al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui reiteró que los resultados de la evaluación son importantes para que el país alcance el tan anhelado “grado de inversión”.
Con relación al resultado en lo que respecta a la calificación baja, aseguró que se deberán aplicar ajustes en lo referente a la investigación primordial y que se puedan realizar los comisos correspondientes.
“Básicamente, no son suficientes las sentencias condenatorias y las investigaciones. También se hace énfasis en la cantidad de informes remitidos por la Seprelad. Son 748 informes de inteligencia que hemos remitido, de los cuales solo hay 28 sentencias. Se pide aumentar las investigaciones y los comisos”, explicó.
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Carlos Arregui destacó que desde el 2018 se ha cumplido con el 93% de las recomendaciones técnicas realizadas por Gafilat.
El titular de la Seprelad aseguró que este es un momento “de no relajarse” en lo que refiere al lavado de dinero. Recordó que antes del 2018, la cifra del cumplimiento de las recomendaciones fue de solo el 13%.
A partir de la entrega del informe, el país será sometido a un riguroso proceso de observación y deberá dar cumplimiento a las recomendaciones señaladas.
Paraguay aprobó la evaluación antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y evitó su regreso a la conocida como lista gris de países con deficiencia en sus sistemas preventivos.
Con el resultado, Paraguay evitó integrar la nómina que está bajo la supervisión del propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero, de igual manera, queda en “seguimiento intensificado” por parte del organismo regional.
