27 jun. 2025

Informalidad movilizó más de USD 15.000 millones el año pasado, 35% del PIB

Un informe revela que la informalidad representó más de un tercio del PIB en el 2024, lo que equivale a unos USD 15.777 millones. Además, la economía subterránea en Paraguay se ubica entre las más altas de la región.

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Hugo Royg, directivo de Mentu, presentó el informe de Economía Subterránea de Pro Desarrollo.

Foto: Rodrigo Villamayor

El informe de Economía Subterránea, presentado por la organización PRODesarrollo y elaborado por la firma Mentu, contiene nuevos datos con respecto a las actividades económicas tanto legales como ilegales que no fueron declaradas oficialmente a las autoridades paraguayas en el 2024.

El reporte revela que el tamaño de la economía subterránea de Paraguay cerró el 2024 en el 35,1% del producto interno bruto (PIB), posicionándose entre las más altas de la región. Si bien esto representa una leve disminución frente a los años anteriores, es insuficiente teniendo en cuenta el nivel de crecimiento de la economía paraguaya, según afirmó durante la presentación del documento Hugo Royg, directivo de Mentu.

Durante el 2008, la tasa era de 37,6% sobre el PIB, lo que evidencia que en más de una década la reducción fue de apenas 2,5 puntos porcentuales, mientras que se advierte que la formalización presentó escasos resultados, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo.

“A pesar de algunos avances observados en cuanto a pobreza, autoempleo o uso de efectivo, la estructura de fondo no ha cambiado. La corrupción sigue en niveles altos, el desempleo apenas se ha movido en casi dos décadas, demostrando una vez más que el crecimiento económico no necesariamente se traduce, en presencia de una alta economía subterránea, en integración ni en bienestar. Hay más ingresos, pero no así equidad”, se cuestiona en el documento.

Puede leer esta opinión al respecto: El reto de la informalidad

Afirma que el país “se encuentra atrapado en una estructura económica que arrastra altos niveles de economía subterránea desde hace décadas”, lo que no puede ser visto con “normalidad”, ya que continuar en este camino significa “resignarse a un modelo de desarrollo limitado, desigual y vulnerable”.

“La relación entre economía subterránea y PIB per cápita refleja una realidad económica insoslayable: Una economía con elevados niveles de economía subterránea está condenada a un crecimiento mediocre. (...) La economía subterránea fragmenta los mercados laborales, desalienta la inversión, restringe el acceso al crédito y limita la productividad. Países que no lograron integrar a la mayoría de su población y sus empresas al sistema formal padecen estancamientos prolongados, volatilidad económica y escasa resiliencia ante crisis”, advierte a su vez.

Sostiene, además, que en países donde la economía subterránea es menor, los ciudadanos tienen mejores condiciones de vida, mayores oportunidades educativas, mejor atención en salud y mejores ingresos laborales, mientras que los que tienen una elevada economía subterránea, por el contrario, ven frenado su desarrollo.

Medidas de solución

En ese sentido, PRODesarrollo insta a trabajar para que la formalización se convierta en una política de Estado y construir así un entorno donde formalizarse “no sea un castigo para los trabajadores y empresas, sino una oportunidad para crecer, innovar y prosperar”.

“Paraguay necesita dar este paso si pretende cerrar las brechas de desigualdad, fortalecer su democracia y proyectarse hacia un futuro más justo, próspero y resiliente”, refiere la organización.

En cuanto a las actividades económicas informales, sugiere desarrollar programas de inserción a la formalización para las mipymes; proveer información de mercado que facilite el encadenamiento de las mismas hacia los mercados más sofisticados, y apoyo a empresas grandes que tengan la capacidad de incorporar en su cadena a más mipymes, generando así más y mejores empleos.

Mientras, para las actividades económicas ilícitas, recomienda impulsar un sistema de seguridad-jurídico supranacional en el Mercosur para el combate al crimen organizado; lograr una mayor generación de empleos a fin de reducir la vulnerabilidad, además de disponer una mayor carga fiscal al uso de transacciones que no son trazables.

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