La bancada democrática de la Cámara de Senadores realizó ayer la audiencia pública “Revisión del Anexo C: Política de Estado y Causa Nacional”, “con el objetivo de fomentar un debate amplio y fundamentado sobre la situación del Tratado de Itaipú”, según reporte del Parlamento.
En el evento, varios técnicos y políticos solicitaron reiniciar las conversaciones con Brasil en el marco de la revisión del Anexo C, negociaciones que están suspendidas desde el pasado 1 de abril por el espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a autoridades paraguayas entre junio de 2022 y marzo de 2023. Los expertos que estuvieron en la audiencia recordaron que, cuanto más se dilate la definición del nuevo Anexo C, menos beneficios le quedan a Paraguay.
Al mismo tiempo, los técnicos también apuntaron a los objetivos que debería tener en cuenta Paraguay en la negociación, como uso del 100% de la energía paraguaya en el país; mayores compensaciones, acceso al mercado brasileño para vender y comprar electricidad; resarcimiento de la deuda espuria de USD 4.193 millones, entre otros temas.
Por un lado, el ingeniero Fabián Cáceres reconoció que se rompió la confianza con Brasil, generando una situación “muy incómoda entre ambos países”. Sin embargo, añadió que “somos los perjudicados, porque el statu quo beneficia a Brasil”.
Aconsejó que Itaipú financie nuevas fuentes de generación, que construya la esclusa de navegación, “para unir la hidrovía Paraguay-Paraná”, y que la ANDE debe estar habilitada a comprar energía brasileña en caso de que sea necesario.
A su vez, el ingeniero Ricardo Canese pidió fijar la tarifa igual al costo, “para que la ANDE tenga energía barata y contrate toda la potencia” para el desarrollo del país. Solicitó una reparación histórica para las comunidades indígenas desplazadas por la construcción de la central que comparten paraguayos y brasileños. Igualmente, alentó que la administración eléctrica reciba por lo menos 50% de la renta eléctrica, pensando en inversión para centrales solares (con los embalses como baterías), transmisión y distribución.
Finalmente, el ingeniero Pedro Ferreira admitió que la criptominería es, transitoriamente, una buena fuente de fondos (diez años). Alertó que la crisis energética, si baja el caudal del río Paraná, se puede adelantar para el 2030. “Coincido, cuando necesitemos energía eléctrica no nos van a vender barato. Esta crisis se viene”, advirtió.